El Correo Digital

El manifiesto que, a modo de artículo, firman hoy en este diario los máximos representantes de los partidos que integran el Gobierno tripartito vasco desquicia de tal modo el significado de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso Atutxa', así como el sentido de estos casi treinta años de autogobierno, que resulta prácticamente imposible concederle cualquier otro valor que no sea el de la pura agitación y propaganda. Constituye, en primer lugar, una temeridad indigna de la responsabilidad que ostentan los autores del artículo pronunciarse de una manera tan tajante y dogmática sobre una resolución judicial cuyos fundamentos jurídicos aún no han sido hechos públicos y que, cuando se conozca en su literalidad, responderá, sin ningún género de dudas, a las demagógicas preguntas con que se abre el manifiesto. El fallo del Tribunal Supremo, como cualquier otro pronunciamiento del poder judicial, es sin duda criticable, pero pierde toda la razón que pudiera asistirle quien lo hace con la desmesura y la mendacidad en que incurren los tres dirigentes políticos. Distorsionan, y de manera muy grave, el sentido de la resolución, cuando intentan ocultar que se trata de una condena de unos comportamientos concretos de unas personas individuales, por muy alta que sea la representación que éstas ostenten, y lo convierten en un ataque global a la institución del Parlamento vasco. Resulta, por ello, necesario recordarles que en esa misma institución que dicen haber sido atropellada por la sentencia del Supremo, había también otros representantes, y en número nada despreciable, que se pronunciaron en contra del comportamiento de los ahora condenados e incluso les advirtieron de las responsabilidades penales en que podrían incurrir con su conducta.

No ha sido, pues, condenado el Parlamento vasco, sino sólo y exclusivamente quienes, según el fallo judicial, se obstinaron en desobedecer las repetidas órdenes del Tribunal Supremo. Y cometen un reprobable acto de apropiación indebida quienes confunden, de manera interesada, su particular representación de la voluntad popular con la general que ostenta el Parlamento en pleno. Una vez más, por tanto, el nacionalismo gobernante -PNV y EA-, con la compañía en esta ocasión de Ezker Batua, incurre en el viejo vicio, que parecía ya erradicado, de constituirse, sin legitimidad alguna, en el representante exclusivo de la voluntad de toda una sociedad. Para nada exculpa de este inaceptable comportamiento el hecho evidente de que las críticas de los partidos del tripartito tengan una motivación electoral. La lucha por el poder no justifica la tergiversación deliberada de los hechos. Sobre todo, cuando esa tergiversación corre el riesgo de alimentar un malestar social de tal envergadura que puede acabar desbordando las capacidades de gestión de quienes lo han creado e incrementando las filas de quienes han optado por actitudes de abierta insurgencia.