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Hoja con dos rutas
La hoja de ruta planteada por el lehendakari tiene dos rutas. Ha sido calificada como un auténtico laberinto debido a los distintos escenarios que contempla dependiendo de la suerte que corra la propuesta principal o 'plan A' para entendernos. Es decir, teniendo en cuenta el resultado que obtenga el ofrecimiento de pacto político hecho por el lehendakari al presidente del Gobierno español en torno a un doble compromiso. El mayor defecto que presenta esta propuesta es su falta de oportunidad, que le hace perder toda viabilidad política. El ofrecimiento hecho al presidente del Gobierno adolece de falta de realismo político. El lehendakari no puede ignorar que dentro de seis meses se van a celebrar elecciones generales en España, y que por razones que conoce y comprende el propio Ibarretxe, el actual presidente no está en condiciones de entrar a considerar la oferta realizada.
Y si tras los comicios renueva su cargo tampoco restaría tiempo material para poder llevar algo serio al Parlamento y al Congreso antes de junio de 2008. No digamos nada si el presidente investido resulta ser Rajoy. Es obvia la falta de viabilidad de la propuesta, pero no por su contenido. En este caso el pacto propuesto no puede ser rechazado en virtud de razones jurídicas, pues lo que viene a solicitar, con base en el principio de democracia, es el respeto a la voluntad de la sociedad vasca y el compromiso de darle un cauce legal a la misma. Pura aplicación de la doctrina del Supremo de Canadá sobre el asunto Québec.
Es importante señalar que el lehendakari no pide al Estado que reconozca en su ordenamiento el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro, sino el respeto a lo que decida, lógicamente según los procedimientos que se establezcan. Salvando las distancias, el pacto propuesto nos trae a la memoria la declaración de Downing Street en la que se establecía el principio del consentimiento del Reino Unido a la voluntad popular de los ciudadanos de Irlanda del Norte. Por cierto, el propio Zapatero, tras la verificación de la tregua de ETA, efectuó en los pasillos del Congreso una declaración similar que recibió el aplauso entusiasta de varios dirigentes de Batasuna.
Ibarretxe sabe que hasta la celebración de las próximas elecciones generales no hay condiciones para que su ofrecimiento sea tomado en consideración. Por eso mismo carecía de sentido formularlo tal y como se ha realizado. Más aún, el hecho de plantearlo como una propuesta que tiene su propia alternativa, es decir, su 'plan B', para el caso que no se atienda, hace que en el receptor las posiciones se cierren todavía más.
El panorama es difícil y complicado, pero por lo menos queda aclarado hasta junio de 2008. Hasta ese momento no va a pasar nada nuevo, salvo los resultados que obtengan las formaciones políticas en las generales, particularmente el PNV. A partir de dicha fecha se iniciará una nueva etapa, caracterizada por la incertidumbre más que por el protagonismo de la sociedad. De entrada la llamada 'consulta habilitadora' prevista para el 25 de octubre no es la consulta popular para preguntar a los vascos si tenemos derecho a decidir nuestro futuro político, ni tampoco es la consulta prevista en el programa del actual tripartito para ratificar el acuerdo de normalización política.
La consulta que se nos anuncia no es para decidir, sino para dar dos mandatos, tan obvios como elementales: uno al Gobierno y a ETA para que negocien el fin definitivo de la violencia; el otro a los partidos políticos para que inicien un proceso de negociación política. Ahí termina la actual legislatura. La otra consulta, la resolutiva, prevista para el segundo semestre de 2010 tiene más incógnitas que certezas. Muchas o algunas de ellas se despejarán en las próximas elecciones autonómicas, probablemente el primer trimestre del 2009. La hoja de ruta tendrá que ajustarse nuevamente.
x.gurrutxaga@diario-elcorreo.com
Y si tras los comicios renueva su cargo tampoco restaría tiempo material para poder llevar algo serio al Parlamento y al Congreso antes de junio de 2008. No digamos nada si el presidente investido resulta ser Rajoy. Es obvia la falta de viabilidad de la propuesta, pero no por su contenido. En este caso el pacto propuesto no puede ser rechazado en virtud de razones jurídicas, pues lo que viene a solicitar, con base en el principio de democracia, es el respeto a la voluntad de la sociedad vasca y el compromiso de darle un cauce legal a la misma. Pura aplicación de la doctrina del Supremo de Canadá sobre el asunto Québec.
Es importante señalar que el lehendakari no pide al Estado que reconozca en su ordenamiento el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro, sino el respeto a lo que decida, lógicamente según los procedimientos que se establezcan. Salvando las distancias, el pacto propuesto nos trae a la memoria la declaración de Downing Street en la que se establecía el principio del consentimiento del Reino Unido a la voluntad popular de los ciudadanos de Irlanda del Norte. Por cierto, el propio Zapatero, tras la verificación de la tregua de ETA, efectuó en los pasillos del Congreso una declaración similar que recibió el aplauso entusiasta de varios dirigentes de Batasuna.
Ibarretxe sabe que hasta la celebración de las próximas elecciones generales no hay condiciones para que su ofrecimiento sea tomado en consideración. Por eso mismo carecía de sentido formularlo tal y como se ha realizado. Más aún, el hecho de plantearlo como una propuesta que tiene su propia alternativa, es decir, su 'plan B', para el caso que no se atienda, hace que en el receptor las posiciones se cierren todavía más.
El panorama es difícil y complicado, pero por lo menos queda aclarado hasta junio de 2008. Hasta ese momento no va a pasar nada nuevo, salvo los resultados que obtengan las formaciones políticas en las generales, particularmente el PNV. A partir de dicha fecha se iniciará una nueva etapa, caracterizada por la incertidumbre más que por el protagonismo de la sociedad. De entrada la llamada 'consulta habilitadora' prevista para el 25 de octubre no es la consulta popular para preguntar a los vascos si tenemos derecho a decidir nuestro futuro político, ni tampoco es la consulta prevista en el programa del actual tripartito para ratificar el acuerdo de normalización política.
La consulta que se nos anuncia no es para decidir, sino para dar dos mandatos, tan obvios como elementales: uno al Gobierno y a ETA para que negocien el fin definitivo de la violencia; el otro a los partidos políticos para que inicien un proceso de negociación política. Ahí termina la actual legislatura. La otra consulta, la resolutiva, prevista para el segundo semestre de 2010 tiene más incógnitas que certezas. Muchas o algunas de ellas se despejarán en las próximas elecciones autonómicas, probablemente el primer trimestre del 2009. La hoja de ruta tendrá que ajustarse nuevamente.
x.gurrutxaga@diario-elcorreo.com
