El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, defendió ayer la actuación de su departamento al promover la anulación selectiva de listas de Acción Nacionalista Vasca frente a las críticas del PP por no haber instado a la ilegalización del partido o haber pedido la suspensión cautelar de sus actividades. Conde-Pumpido, que rechazó el uso de la Ley de Partidos como si fuera un «Guantánamo electoral» para los votantes de la izquierda abertzale, explicó que la Fiscalía ha llegado al límite de la legalidad para lograr que el Supremo y el Constitucional vetaran a la mitad de las listas de ANV. Incluso, expresó sus «dudas» sobre si no «hemos ido demasiado allá» en la acción contra el partido bajo sospecha.
«Es posible que nos hayamos pasado (con ANV), pero ha colado», afirmó el máximo responsable del Ministerio Público, quien lamentó que haya ciudadanos de pueblos del País Vasco y Navarra que se han quedado con una sola candidatura a la que poder votar y «lugares donde no hemos dejado mucha salida» tras la anulación masiva de listas de ANV y las plataformas promovidas por Batasuna y la prohibición de inscripción de ASB.
A pesar de estas dudas expresadas en el transcurso de un desayuno informativo, el fiscal general dijo tener ahora la «tranquilidad» de haber hecho lo adecuado, después de que el Tribunal Supremo y el Constitucional «hayan admitido nuestra propuesta» de vetar 386 listas de la izquierda abertzale.
«Ha funcionado el bisturí y no el garrote. Hemos extirpado el cáncer (Batasuna) sin hacer daño al paciente (el Estado de Derecho)», señaló. «Y Batasuna ha acusado el golpe porque creía que podía ganar esta partida. Hemos ganado respetando todas las reglas y sin cuestionar ni poner en peligro el derecho de sufragio de nadie que no aparezca vinculado a un partido ilegal», apostilló.
El máximo responsable de la Fiscalía rechazó que la Ley de Partidos pueda interpretarse como una «especie de Guantánamo electoral» y negar de manera permanente el derecho al sufragio activo a los 150.000 votantes independentistas en el País Vasco y Navarra. En ese momento, hubo reproches velados al PP por «concebir el Estado de Derecho como si fuera una especie de garrote o un palo romo con el que emprenderla a mamporros contra todo lo que se mueva a nuestro alrededor y no nos guste». «Me niego a aceptar -dijo- que en nombre de la ley se pueda hacer todo lo que sea políticamente conveniente, como si el fin justificase los medios».
Insistió en el que la ley no permite pedir la ilegalización de ANV por el «mero hecho» de que dirigentes de la ilegalizada Batasuna solicitaran el voto para el partido bajo sospecha el pasado fin de semana. Las listas de ANV, explicó, «son las únicas que legalmente han pervivido y las más próximas dentro del mundo ideológico en el que esta gente se mueve, lo que no puede ser una causa de ilegalización». Ser «receptor pasivo» de los votos de una formación ilegalizada no es delito, recordó el fiscal.
«La izquierda abertzale no tiene privado su derecho al voto», sostuvo Conde-Pumpido, quien insistió en que la institución que dirige no podía haber pedido la ilegalización de más listas basándose en la teoría de la «mancha de aceite» o de la «contaminación sobrevenida», según la cual personas que alguna vez se presentaron en listas ilegalizadas transmiten a su vez la 'contaminación', a pesar de no haber concurrido nunca en una candidatura de Batasuna ni ser miembros de la coalición proscrita.
Evitar la «trampa»
Sin citar en ningún momento al Partido Popular, el fiscal general rebatió los argumentos de la formación de Mariano Rajoy a favor de la ilegalización de ANV o su petición al Supremo de imponer una medida cautelar al partido, como la suspensión de actividades, lo que habría impedido que alguna lista de Acción Nacionalista Vasca estuviera presente el 27-M.
Según el responsable del Ministerio Público, ambas acciones habrían provocado graves problemas. La suspensión cautelar, señaló, era «una medida desproporcionada, sencillamente porque podía dar lugar a que, si se desestimaba la demanda, hubiera que repetir las elecciones, sentando así un terrible precedente, porque estaríamos indicando a Batasuna el camino para mantener en jaque al Estado cada vez que hubiera unos comicios».
En cuanto a activar el proceso de ilegalización, en opinión del fiscal general, habría sido caer en la «trampa» de Batasuna porque el trámite se habría extendido más allá del proceso electoral y, aunque ANV finalmente fuera ilegalizada, los electos no perderían sus actas.
Por otro lado, el diputado de UPN y miembro de la dirección del Grupo Popular en el Congreso, Jaime Ignacio Del Burgo, reclamó ayer a Conde-Pumpido «que se calle» porque, a su juicio, cada vez que realiza declaraciones públicas demuestra la «indignidad de su actuación» por no impugnar todas las candidaturas de ANV.
