Los socialistas vascos recordaron ayer al consejero Javier Madrazo que imponer a los propietarios de viviendas de protección oficial (VPO) la obligación de abandonarlas si compran otro piso en el mercado libre, sea como residencia habitual o para veranear, es un asunto que debe debatirse con la futura Ley de Vivienda y no por decreto. «Es muy poco serio -denunció el parlamentario Jesús Loza- adelantar actuaciones en materias socialmente tan sensibles, aprovechando de manera oportunista las campañas electorales».
Según adelantó EL CORREO en su edición de ayer, el Departamento de Vivienda modificará un decreto sobre vivienda protegida para que el titular de una VPO esté obligado a comunicar la comprar de otro inmueble a la Administración vasca en el plazo de tres meses. A continuación, el Gobierno autónomo comprará la VPO a un precio actualizado y la sorteará entre los ciudadanos apuntados en Etxebide.
Estas condiciones no afectarán a los propietarios de pisos protegidos que ya tengan otra residencia libre ni a quienes, en el futuro, puedan heredar una vivienda. En cambio, sí tendrán que cumplirlas quienes se adjudiquen VPO en el futuro y quienes ya son titulares de una, pero no han comprado hasta ahora otro inmueble. Las modificaciones no sólo se plasmarán en un decreto, sino que el Gobierno vasco las incluirá en el proyecto de ley de Vivienda que enviará al Parlamento vasco este año.
«Ellos sabrán»
El PSE-EE criticó, precisamente, que el consejero Madrazo exponga «con cuentagotas» el contenido de ese documento. «Debería estar en el Parlamento antes de abril, tal y como estableció la propia Cámara, pero nos anuncian que no llegará hasta octubre. Y es de temer que tampoco esté en esa fecha, por las desavenencias internas del propio Gobierno».
Jesús Loza insistió en que el Departamento de Ezker Batua debería mostrar «un mínimo de seriedad» a la hora de anunciar sus iniciativas. En este sentido, recordó a los socios del Gobierno vasco -PNV, EA y EB- que están «en minoría» en el Parlamento y que los socialistas «tenemos la llave para aprobar la Ley de Vivienda, como la tuvimos para aprobar la Ley del Suelo; así que ellos sabrán si quieren llegar o no a acuerdos y lo que tienen que hacer para alcanzarlos».
Loza acusó a Madrazo de aprovecharse de los cambios en el régimen de las VPO -que suman 57.500 en Euskadi- para ocultar los déficits de su gestión, que calificó de «manifiestamente mejorable». El parlamentario destacó, por ejemplo, que «los vascos y vascas que en la actualidad necesitan acceder a una primera vivienda suman más de 93.000, prácticamente el doble de los que tenían esa necesidad cuando Madrazo se hizo cargo del Departamento de Vivienda». A su modo de ver, el plan director diseñado por la consejería entre 2006 y 2009 «resulta absolutamente insuficiente para resolver los problemas de la ciudadanía».
Los socialistas no fueron los únicos que reaccionaron a la iniciativa de establecer nuevas restricciones con las VPO y con los pisos tasados, que también tienen la calificación de protegidos y no se pueden vender en el mercado libre. Eusko Alkartasuna se mostró «conforme» con que los propietarios de esos inmuebles los vendan al Gobierno vasco cuando compren otra residencia. No obstante, aconsejó introducir algunos matices para evitar que puedan salir perjudicadas personas que no pretenden «abusar» de las VPO.
El parlamentario Juan Porres citó el supuesto de un ciudadano que reside con su familia en un piso protegido y que es trasladado por su empresa fuera de Euskadi de forma temporal, mientras su cónyuge e hijos permanecen en el domicilio familiar. «¿Esa persona tendrá que vivir necesariamente de alquiler mientras no resida en Euskadi?», se preguntó el representante de EA, quien agregó que se ha abierto un debate «complejo».
