Baltasar Garzón entiende que no tiene lugar «suspender judicialmente al partido Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca dada su no vinculación con ETA-Batasuna». El titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional se pronunció en este sentido en un auto divulgado ayer, una vez estudiado el informe conjunto de las fuerzas de seguridad. El juez precisa, no obstante, que la decisión no es definitiva y recuerda que la presencia en las elecciones de ANV estará subordinada a las «actuaciones que puedan llevarse a cabo ante la Sala Especial del artículo 61».
El plazo legal para presentar los recursos ante esta sala del Tribunal Supremo se abrirá el miércoles y finalizará el jueves de la próxima semana. Según fuentes gubernamentales, la Fiscalía y la Abogacía del Estado materializarán las impugnaciones, pero, en el caso de las candidaturas de ANV, no lo harán de forma indiscriminada sino con carácter selectivo. En cambio, las agrupaciones de electores de Abertzale Sozialistak serán impugnadas en su totalidad.
A la vista de los datos y las conclusiones contenidas en el informe conjunto elaborado por la Policía y la Guardia Civil, Garzón sostiene que «al día de hoy», ANV «no es un instrumento de ETA-Batasuna, y se trata de un partido político legal, con sus estructuras y actividad acreditadas y en funcionamiento», sin que conste que «hayan sido 'fagocitadas' por otras estructuras u organizaciones ilegales».
El magistrado desarrolla en el escrito su tesis de que no toda la izquierda abertzale, espectro en el que encuadra a ANV, es Batasuna o ETA. Es el caso, afirma, de este partido fundado en 1930 o de EHAK, organizaciones que por su identidad ideológica no pueden ser criminalizadas. Amparado en estos principios y en las investigaciones de las fuerzas de seguridad, sostiene que no hay razón para suspender la actividad política de Acción Nacionalista Vasca.
«Valoraciones»
No obstante, Garzón precisa que esta decisión es «provisional y con base a los indicios de los que ahora se dispone». Aclara, asimismo, que «las valoraciones» de su auto se fundamentan «exclusivamente» en «los elementos probatorios e indicios contrastados y racionales» que se ha logrado reunir, «huyendo de conjeturas, sospechas, intuiciones, afirmaciones sin confirmación, interpretaciones extensivas que son más propias del discurso político que rodea esta cuestión».
El juez de la Audiencia Nacional, en un escrito de 21 páginas, hace un extenso repaso de los antecedentes jurídicos de Batasuna, desde la suspensión de actividades, ordenada por él mismo el 26 de agosto de 2002, hasta su auto de 26 de enero de 2007. En este último distinguió qué formaciones están ilegalizadas y cuáles, no, porque no toda la izquierda abertzale puede estar sujeta a una «cadena inacabable de suspensiones, ilegalizaciones o declaraciones de ilicitud si no hay indicios probatorios incontestables».
Tras hacer un repaso de la trayectoria histórica de ANV, destaca que en el congreso celebrado el 1 de junio de 2002, este partido acordó «permanecer fuera de Batasuna», si bien se reclama integrante del «espacio político de la izquierda abertzale» y comparte «el mismo frente» que el partido ilegalizado.
Garzón también recoge que los informes policiales determinan que ANV «no ha sido creada ni dirigida por ETA antes de 2001» ni después de ese año ha estado «bajo la disciplina» de la organización terrorista. Ninguno de sus dirigente, agrega el auto, aparece como imputado en causas relacionadas con actividades terroristas ni se aprecian vínculos con las organizaciones que forman «el complejo terrorista liderado por ETA». En definitiva, no se aprecia el «más mínimo indicio de pertenencia, integración, vinculación orgánica, ni siquiera temporal, de ANV con ETA-Batasuna».
'Plan C'
El juez no da validez a la hipótesis policial de que este partido podría constituir el 'plan C' de Batasuna para estar en las elecciones porque en ninguno de los documentos aportados por las fuerzas de seguridad figura «mención o referencia alguna a ANV, ni a la posibilidad de que el mismo o cualquier otra sigla sea utilizada como vehículo» de los planes electorales de la formación ilegalizada.
Garzón tampoco considera relevantes los contactos acreditados entre dirigentes de Batasuna y ANV porque «las investigaciones realizadas no han permitido constatar fehacientemente si dichos contactos obedecerían a una relación particular, o por el contrario, se podrían incluir en una hipotética colaboración o vinculación de ambas organizaciones». Apunta además que del informe de las fuerzas de seguridad no se puede acreditar «cuáles han sido los mecanismos de instrumentalización» de ANV por Batasuna ni «en qué actos concretos se ha plasmado».
En este sentido, el juez sólo admite que está «claro» que existen «datos que demostrarían la proximidad, influencia y posible participación de Batasuna en la confección de alguna de las listas» de ANV. En concreto, cita la información hallada en poder de Gorka Murillo, detenido el viernes en Navarra y encarcelado ayer por orden del propio magistrado Baltasar Garzón, pero son datos que «están siendo objeto de estudio».
