El consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, desveló ayer los pormenores del anteproyecto de la Ley vasca de Servicios Sociales que pretende unificar las prestaciones asistenciales en los tres territorios históricos. La presentación del documento tuvo lugar en Bilbao y contó con la presencia de diversos colectivos ligados al sector y de decenas de usuarios. No obstante, hacerlo público le ha supuesto al Ejecutivo un nuevo enfrentamiento con las tres diputaciones, que consideraron que el texto no debería haberse hecho público por no estar consensuado.
El anteproyecto nace con la vocación de unificar las condiciones de acceso a las prestaciones sociales en los tres territorios. Es decir, que una persona reciba las mismas atenciones y ayudas independientemente de que viva en Álava, Guipúzcoa o Vizcaya. Para ello, las administraciones públicas de Euskadi pondrán en marcha el Sistema Vasco de Servicios Sociales. Se trata de una serie de instrumentos comunes de valoración y diagnóstico que determinarán, en cada caso, el acceso a las prestaciones.
El objetivo final, según detalla el propio borrador, es «garantizar a toda la ciudadanía el derecho» a este tipo de prestaciones. Este aspecto abre las puertas a que cualquiera pueda «recurrir a la vía judicial» si considera que no se le presta la atención necesaria, o no se hace en las condiciones debidas. «Con ello equiparamos este campo a la sanidad o a la educación y lo transformamos, junto al sistema de jubilaciones, en el cuarto pilar del estado de bienestar», resumió Madrazo.
El nuevo sistema dará ayuda económica y técnica a los usuarios de una forma individual. No obstante, las administraciones apuestan por primar los servicios personales -orientación, mediación, diagnóstico, dotación de mecanismos técnicos- frente a las prestaciones económicas -ayudas de emergencia social-. «Pensamos que el sector público debe dar servicios que se adapten a las necesidades y no tanto dar dinero para que los ciudadanos resuelvan sus problemas», argumentó el consejero.
La puesta en práctica de los servicios se realizará a través de una red de atención compuesta por planes, prestaciones, programas y equipamientos tanto públicos como privados. La gestión de aspectos como la valoración, el diagnóstico y la orientación de cada paciente será pública, mientras que para la gestión de los servicios posteriores -centros de día, residencias, etc- se contempla la participación de entidades privadas por medio de conciertos.
En 2008
El sistema se financiará con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, de las diputaciones, de los ayuntamientos y a los bolsillos de los usuarios. En este sentido, Javier Madrazo se mostró partidario de que el acceso a los servicios asistenciales «sea gratuito» para todo el mundo. No obstante, el ciudadano deberá realizar una aportación económica -o 'copago'- «en función de su renta en todos aquellos servicios que tengan carácter complementario, como la manutención», advirtió el consejero. El Ejecutivo mantiene su intención de excluir el piso principal del cálculo del 'copago', algo con lo que siguen sin estar de acuerdo las diputaciones de Álava y Vizcaya.
Consciente de esas diferencias, que alejan la posibilidad de que el anteproyecto se materialice en ley, el responsable de Vivienda y Asuntos Sociales, reconoció que el borrador presentado no es definitivo, porque «aún hay discrepancias en algunos aspectos importantes». Javier Madrazo no quiso precisar la lista de desencuentros y quiso subrayar «el buen clima de trabajo» con diputaciones, ayuntamientos y otros colectivos.
«Es una ley compleja y sólo hemos hecho el primer peinado del texto. Antes de la firma de la orden de inicio del procedimiento de tramitación, nuestro propósito es realizar una segunda lectura del texto con el objetivo de seguir aproximando posiciones», manifestó. Pese a todo, el consejero anunció su intención de llevar el anteproyecto al Parlamento durante el primer semestre de 2008.
