Martes, 13 de marzo de 2007
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El PNV se plantea elevar al 30% el nuevo Impuesto de Sociedades forzado por EA
El partido cree prioritario aprobar en los tres territorios la misma reforma fiscal, aunque se vea obligado a dar marcha atrás
El PNV se plantea elevar al 30% el nuevo Impuesto de  Sociedades forzado por EA
Los tres diputados generales, en un reciente encuentro en Vitoria. / IGOR AIZPURU
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Es preferible un mal acuerdo que una buena disputa. Ésta es, en líneas generales, la directriz que ha establecido la dirección del PNV para resolver la controversia suscitada en torno a la reforma fiscal y, en especial, sobre el gravamen que se aplicará en el Impuesto de Sociedades. Los peneuvistas intentarán esta semana cerrar un acuerdo con EA, partido que se ha opuesto a apoyar la rebaja del tipo del 32,6% actual hasta el 28%, como habían acordado las diputaciones, y cuyos votos son claves para aprobar el proyecto de norma en las Juntas Generales de Guipúzcoa Una tributación en torno al 30% se perfila como el «punto de encuentro» para evitar un desequilibrio fiscal sin precedentes, explicaron ayer fuentes de la Administración foral.

Todo los indicios apuntan a que EA va a conseguir sus objetivos técnicos y políticos. En el primer apartado, el grupo que preside Begoña Errazti considera excesivo pasar del 32,6%, el actual tipo que se aplica a los beneficios de las empresas, a un 28%, como habían acordado el Gobierno vasco y las tres diputaciones. En su opinión, un recorte tan sustancial puede poner en peligro la recaudación y, en consecuencia, el esfuerzo público en el gasto social. Además, Eusko Alkartasuna se ha propuesto endosar un severo correctivo al PNV, con el que comparte responsabilidades en el Ejecutivo vasco y en las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, por haberle marginado, desde el principio hasta el final, en el proceso de estudio y aprobación del nuevo Impuesto de Sociedades.

El enfado de EA

El PNV alcanzó un acuerdo con el PP sobre esa reforma, lo que le garantizaba la aprobación de las Juntas Generales de Álava y Vizcaya, pero no valoró suficientemente que esta actitud iba a provocar un auténtico enfado en la dirección de EA. El secretario general de este partido, Unai Ziarreta, criticó la pasada semana que los peneuvistas les hubiesen mantenido al margen en la elaboración del articulado e incluso que hubiesen optado por aprobar el texto en los consejos de gobierno de las diputaciones, sin haberlo discutido previamente con ellos.

Aunque EA ha anunciado que su tipo de gravamen de referencia sería el 32%, Ziarreta ya 'telegrafió' en su última comparecencia que estarían dispuestos a admitir un porcentaje en torno del 30%, «pero nunca uno por debajo de esa cifra», advirtió.

La dirección del PNV, según las fuentes consultadas, ha descartado la opción que podía poner abrir una profunda crisis en el complejo y sensible modelo institucional del País Vasco: aprobar el tipo del 28% en Álava y Guipúzcoa con sus propios votos y los del PP, y dejar que en Guipúzcoa salga un Impuesto diferente. Esta alternativa obligaría a intervenir al Parlamento vasco, ya que la Ley de Territorios Históricos establece la necesidad de que los elementos fundamentales de los impuestos -y el tipo claramente lo es- sean idénticos en todo el País Vasco. La Cámara de Vitoria tiene unas competencias de armonización en esta materia que no ha utilizado jamás.

Experiencias anteriores

No es la primera vez que el PNV se ve obligado a dar marcha atrás en materia fiscal como consecuencia de los acuerdos precarios que adoptan sus representantes en las instituciones forales. A finales de 2005 se reprodujo una situación similar, después de que las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa anunciasen que habían decidido rebajar el Impuesto de Sociedades hasta el 32%, sin contar con el acuerdo del Ejecutivo foral de Álava y marginando también en aquella ocasión a EA. Al final, tuvo que 'plegar velas' y alcanzar un consenso que situó el gravamen en el 32,6%.

EA sí ha manifestado su apoyo a rebajar el tipo que pagan las pequeñas empresas desde el 30% actual hasta el 24%, como figura en los proyectos de norma remitidos a las juntas generales de los tres territorios.

 
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