La política de la Diputación en materia de personal ha vuelto a ser cuestionada por los jueces. El Supremo ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló varios apartados de la relación de puestos de trabajo de 1993, así como la adjudicación de 36 jefaturas de servicio y otros altos cargos por el sistema de libre designación. Los tribunales consideran que la institución foral abusa de este procedimiento, que debería tener un «carácter excepcional» frente al concurso.
Se da la circunstancia de que la relación de puestos de trabajo del año 2000 sigue el mismo camino. En 2005, el Tribunal Superior anuló «la libre designación como sistema de provisión para la cobertura de determinados puestos de trabajo» al entender que no estaba «debidamente justificada». En concreto, la resolución afectaba a 124 altos cargos forales, 90 jefes de servicio y 34 letrados. La Diputación presentó un recurso de casación que aún no se ha resuelto. Entretanto, el Supremo se ha pronunciado sobre el litigio de 1993. Las dos instancias dan la razón en parte al recurso presentado por una funcionaria.
Los servicios jurídicos de la Diputación creen que la sentencia, con fecha del 22 de enero, «no va a tener efectos prácticos». Sostienen que la relación de puestos de trabajo de 1993 se ha visto superada por la de 2000, aunque hay jefes de servicio que continúan en sus puestos, y que la resolución de los magistrados no afecta a personas concretas, ya que «los actos administrativos de nombramiento no han sido recurridos».
En cualquier caso, aún está pendiente la fase de ejecución de sentencia, que es la que establecerá sus repercusiones. La Diputación tiene tres meses para cumplir el fallo judicial de forma voluntaria y, pasado ese plazo, las partes pueden instar la ejecución forzosa. Lo que está fuera de duda es que los criterios que maneja la institución foral a la hora de organizar su plantilla han recibido un nuevo varapalo.
Especial responsabilidad
En la Diputación hay un centenar de jefes de servicio, el cargo de más peso reservado a los funcionarios. Para ello es necesario alcanzar un nivel alto en la escala de la Administración. A partir de ahí, «el sistema normal de provisión de puestos de trabajo es el concurso», argumenta el Supremo. Los cargos de «especial responsabilidad» pueden cubrirse mediante libre designación, pero siempre «por vía de excepción». Los jueces ponen como ejemplo a los letrados de la asesoría jurídica. Las siete plazas se cubren mediante libre designación, cuando «la especial responsabilidad sólo sería predicable del jefe».
Uno de los requisitos que se plantean para acceder a estos puestos es «ser funcionario de la Diputación Foral de Vizcaya». Esto contradice el principio de movilidad de los funcionarios entre las distintas administraciones, otro de los argumentos de la sentencia. Los cambios legales introducidos en 1999 avalarían la actuación foral en este sentido, pero los jueces recuerdan que esta regulación es posterior al recurso.
