José Antonio Martín Pallín (La Coruña, 1936) es magistrado del Tribunal Supremo y un defensor a ultranza de la aplicación del Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias. Crítico con la contaminación de algunos organismos judiciales y con el uso abusivo de las querellas para hacer desfilar a los políticos ante los tribunales, entiende también que corresponde al Estado garantizar en su integridad los derechos de los procesados y está convencido de que las víctimas no pueden exigir venganza ni dureza para con los reos. Así lo explica en una entrevista concedida a este periódico.
-Las encuestas dicen que la confianza de los españoles en la justicia está cayendo. ¿Qué opina?
-Es cierto que las encuestas reiteran ese descenso de la confianza, pero hay que matizar una cosa: en muy pocos países europeos, sobre todo de nuestra cultura jurídica, es considerada una institución merecedora de aplauso. Además, llevamos años de retraso en cuanto a infraestructuras y tenemos un número de jueces por cada mil habitantes aún muy bajo. Eso genera retrasos, un factor importante en ese deterioro de la imagen.
-¿Qué es peor: la politización de la justicia o la judicialización de la política?
-En el Código Penal existen figuras delictivas (cohecho, malversación de fondos públicos y otras) que una dictadura tiende siempre a arreglar sin que lleguen a la justicia. En democracia, eso no es factible, de manera que cuando los posibles autores son alcaldes, concejales o funcionarios pasan a adquirir un matiz jurídico-político. Yo pediría a los medios de comunicación que no estuvieran tan atentos a las personas como al análisis de los hechos y las sentencias. El Tribunal Supremo de EE UU ha dicho que una sentencia vale lo que valen sus razonamientos. Deberíamos adoptar también aquí esa máxima.
-¿Quién sufre más cuando se produce esa politización o esa judicialización?
-El peor parado siempre es el imputado. Se abusa del proceso penal para que los políticos suban y bajen las escaleras de los tribunales. Si hay datos suficientes para sostener la imputación, hay que seguir adelante, por el principio de igualdad ante la ley. Pero me parece que otras veces tenemos que hacer una especie de cortocircuito. En el Supremo se estudian las querellas contra los aforados, querellas de todo género y condición, con frecuencia disparatadas y politizadas y en muy pocos casos realmente fundadas. Eso hace que los componentes de la Sala hayan rechazado yo diría que el 98%. En el caso de Ibarretxe y sus entrevistas con otras personas que tienen relevancia política, hemos dicho que el Derecho Penal nada tiene que decir sobre esas actividades, consustanciales a su propia representatividad. Por tanto, en nuestra opinión habría que rechazar de plano las querellas.
-Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sigue adelante. Estas discrepancias tienen un efecto demoledor sobre la credibilidad de la justicia, ¿no cree?
-Los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco son independientes. La jurisprudencia no es obligatoria pero yo creo que es lo suficientemente razonable como para que a cualquier persona le cause perplejidad una decisión como la que se ha tomado.
Contaminación
-¿Es bueno que haya interpretaciones tan distintas de la ley?
-Hay que reconocer que no es bueno para la justicia. Tampoco la uniformidad, porque es el síntoma de un Estado totalitario. Pero dentro de la diversidad, que es algo que enriquece y hace avanzar al Derecho, hay situaciones que perjudican el crédito de la justicia y dan la sensación, queramos o no, de que hay un cierto matiz político en algunas actuaciones.
-Buena parte del descrédito de la justicia se deriva también de que ante determinados asuntos se puede vaticinar sin temor a error el resultado, según la procedencia de los miembros del Tribunal.
-Aquí tenemos un dilema. Objetivamente eso lesiona la imagen de la justicia, pero habría que pensar también en lo que tiene de seguridad para quien va a ser enjuiciado conocer el pensamiento de los jueces. Esto es muy usual en el Tribunal Supremo de EE UU. Todo el mundo sabía que el recientemente fallecido presidente Rehnquist era un furibundo contrario al aborto y un entusiasta de la pena de muerte... El sistema tiene elementos de compensación: indudablemente no hay que caer en el sectarismo pero sí comprender las ideas.
-¿Cuáles son los elementos compensadores?
-Tres: la publicidad, la transparencia y la razonabilidad de las decisiones. En esta sala ha habido una sentencia en el caso Segi-Jarrai-Haika, que se ha aprobado por tres votos a favor de considerarlo como organización terrorista y dos en contra. Se puede discrepar legítimamente de los razonamientos de la mayoría y apuntarse a los de la minoría. Si esto se reproduce cíclica y repetidamente no es bueno, pero una cierta alternatividad en estos criterios puede que no sea tan mala. Yo, por ejemplo, participo más del voto de la minoría.
-¿Dónde está el límite a la crítica de las decisiones judiciales?
-En el insulto y la descalificación personal de los jueces. Los jueces extranjeros se asombran de las 'lindezas' que se dicen aquí, incluso con grosería. Se ha vituperado al juez Del Olmo por sus defectos de visión, lo que constituye algo que en Inglaterra haría intervenir al Consejo de Prensa por falta de deontología profesional. Aquí todo esto es gratis. No sólo eso, sino que parece que hay un concurso a ver quién logra el adjetivo más descalificador.
-¿Y sacar a la gente a la calle ante determinados procesos?
-Yo creo que del mismo modo que es un delito hacer manifestaciones delante de las Cortes cuando se está deliberando una ley para tratar de influir en su decisión, debería serlo también una manifestación ante un Palacio de Justicia. No sólo en los casos ampliamente conocidos, sino también en juicios de malos tratos o crímenes pasionales, en los que vemos cómo se juntan los vecinos pidiendo linchamientos y la Policía ha tenido que rescatar a los acusados de las iras de esa gente.
-Y si no son delante de los palacios de Justicia, ¿entran dentro de los límites tolerables?
-La pancarta, la manifestación y el mitin, que son consustanciales a las libertades constitucionales, tienen el problema principal de la simplificación: son a favor o en contra, sin matices. Desde luego, no aportan nada a la mejora de la Justicia y creo que no influyen en la mayoría de los jueces.
-¿Se puede afirmar categóricamente que en España existe separación de poderes?
-Habría que distinguir dos planos: el institucional y el personal. En el institucional, el mecanismo está contaminado. El hecho de que el Parlamento nombre a los miembros del Consejo General del Poder Judicial descaradamente por cuotas, sin debate, que se 'intercambien cromos' sin que ninguna comisión examine a los candidatos como se hace en otros países, no es bueno. Y ahí está el primer foco de contaminación. A su vez ese Consejo, que una vez nombrado podía ser absolutamente autónomo, desafortunadamente es una correa de transmisión para las grandes decisiones. Esto crea un cierto desánimo en gran parte de los muchos miles de jueces que desarrollan su trabajo con una gran profesionalidad.
Ajenos al estrépito
-¿Los jueces deben aplicar la ley, como la imagen de la Justicia, con los ojos vendados o deben atender a la realidad de cada momento?
-La venda refleja la actitud del juez una vez conocido el caso, centrándose en su contenido jurídico, que está unido a su contenido social. Pero también tapa los oídos: uno se sienta a debatir con los compañeros, a reflexionar y redactar, sin ver los fogonazos de los medios de comunicación y sin oír el estrépito interesado que muchas veces se crea. Dicho esto, un sistema jurídico democrático no puede ser sólo la ley; están también los principios superiores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Y para eso el juez debe ser una persona inserta en la sociedad y conocerla. Lo que sucede es que en este país hay mucha gente, incluso políticos y juristas, que confunden el Estado de Derecho con el Derecho del Estado. El Derecho del Estado es el que tiene cualquier país totalitario. También el comunismo y el fascismo han actuado con normas jurídicas, pero era el Derecho del Estado.
-¿Es difícil mantenerse ajeno a esos fogonazos y al estrépito de la calle; al desafecto, con expresiones del estilo de 'no son nuestros jueces'?
-Para mí sería peligrosísimo que alguien usara la expresión 'nuestros jueces' con sentido partidista. Los jueces de un Estado democrático se expresan en sus actuaciones. Si examinamos la evolución de la jurisprudencia del Constitucional desde comienzos de los ochenta, se ve el paso del Derecho del Estado al Estado de Derecho. Costó que jueces formados en el franquismo sociológica y biográficamente incorporasen esas exigencias, pero creo que ahora está bastante generalizado. Quizá no tanto como a mí me gustaría, pero es aceptable y deben saberlo los ciudadanos.
-¿Hay personas que deben ser tratadas con especial cuidado por los jueces? Hace unos días, el Gobierno vasco decía que el lehendakari no es un ciudadano común...
-Los grandes cargos políticos todavía conservan privilegios procesales, más por tradición histórica que por exigencias de una sociedad democrática avanzada. Pero el Tribunal Penal Internacional ha aprobado la desaparición de la inviolabilidad de los jefes de Estado y de cualquier otro gobernante. Todos son absolutamente responsables y creo que ésta tiene que ser la tendencia. Hemos visto cómo interrogaban estos días a Tony Blair y no se han resquebrajado las estructuras del Imperio por ello, aunque es cierto que tampoco se ha armado el ruido que se ha dado aquí.
-Así que todos somos ciudadanos comunes...
-Sí, lo que sucede es que en el proceso penal, por desgracia, hay una diferencia muy grande. Cuando se trata de delitos financieros, por ejemplo, el imputado pone en marcha a tope todo el mecanismo de garantías: abogados de primera línea, peritos de las mejores universidades, se agotan las trabas procesales al máximo... Si son delitos comunes, la defensa suele ser de oficio y las posibilidades de contrarrestar la acusación, menores.
-Si los famosos llevaran abogado de oficio y los delincuentes comunes contaran con los mejores bufetes, ¿la población de las cárceles sería muy diferente?
-Sí, se produciría un gran cambio en la procedencia de la población reclusa.
-Lo que es radicalmente injusto...
-Pues sí, bastante. Y de momento no tiene remedio, salvo que, como sucede algunas veces, el propio Ministerio fiscal y el Tribunal traten de paliar en lo posible los defectos técnicos de la defensa.
Defenderse de los jueces
-¿Y quién defiende a la sociedad de algunas decisiones judiciales que parecen atentar contra la lógica?
-Hay decisiones que se leen en los periódicos y son sorprendentes si se examina el título. Luego, leído el razonamiento jurídico ya no es tanto. Pero no quiero apuntarme al corporativismo, y sí es cierto que hay otras que son disparatadas. Ahora, la práctica totalidad de la carrera judicial tiene pólizas de seguro de responsabilidad civil. Somos independientes pero somos responsables y cuando lo que funciona mal es el aparato de la Justicia, el Estado responde por ello.
-Hay veces que no parece posible: por ejemplo, cuando un condenado por violación aprovecha un permiso para violar de nuevo.
-Hay sentencias de responsabilidad del Estado por esos casos. Ahora bien, hay que ser muy cautelosos, porque si de verdad se cree en la reinserción, el sistema penitenciario tiene que funcionar con un cierto riesgo de que el pronóstico sea equivocado. No podemos convertir las cárceles en el infierno de Dante, y poner en la puerta 'abandonad toda esperanza al entrar aquí'.
-Otra queja habitual es que la Justicia se preocupa más por los derechos de los acusados y los condenados que por los de las víctimas.
-Yo formulo una pregunta: ¿tiene una víctima derecho a pedir que el agresor se pudra en una cárcel?
-Muchas lo piden.
-Sí, pero yo creo que no tienen ese derecho, porque sería tanto como volver a la Edad Media. La víctima no puede exigir ni venganza ni dureza ni contravención de las garantías procesales. La víctima tiene derecho a recibir un trato cercano, ayuda asistencial y emocional, a ser parte en el proceso y pedir la pena que crea conveniente... Eso nadie lo discute, pero aquí se están invirtiendo los valores. Parece que la víctima tiene derecho poco más o menos a hacer con el agresor lo que quiera, y eso es una competencia exclusiva del Estado. El Estado tiene sus obligaciones, que son cumplir con las garantías del artículo 24 de la Constitución.
-Con la que está cayendo, ¿puede suceder que los jóvenes licenciados en Derecho den la espalda a la carrera judicial y prefieran, como en EE UU, irse a los grandes bufetes que dan dinero, poder y prestigio?
-Ese riesgo existe. Desde que empezaron a proliferar los delitos financieros, por ejemplo, hay fiscales y jueces que se han especializado en esa materia y están siendo captados por esos grandes bufetes. Y esto no ha hecho más que empezar.
