El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina rebajó ayer de 927 a 484 años la petición de cárcel para los 53 procesados en el macrojuicio contra las organizaciones supuestamente englobadas en el entorno político de ETA, el más largo proceso celebrado nunca contra la banda terrorista. El Ministerio Público justificó la importante reducción en sus demandas por la dificultad de probar la participación de la mayoría de los acusados en la multitud de delitos económicos que les imputaba en un principio. A pesar de ello, Molina mantiene que 50 de los 53 acusados eran miembros o colaboradores de la banda.
La petición de penas para los supuestos integrantes de los aparatos político, financiero, mediático, internacional y de desobediencia de ETA, que hasta ahora oscilaban entre los diez y 51 años de prisión, se redujo a entre cuatro y 19 años de cárcel.
Las mayores peticiones fueron para cinco de los supuestos responsables económicos encuadrados en Orain, la editora del desaparecido diario 'Egin', a los que, según la Fiscalía, sí se les puede imputar, además de la militancia o colaboración con ETA, delitos contra la Seguridad Social, falseamiento continuado de la contabilidad e insolvencia punible. Se trata de José Luis Elkoro (19 años), Francisco Murga (19), Jesús María Zalakain (19), Isidro Murga (19 años, el único imputado al que se aumenta la petición fiscal) y Xabier Alegría (13 años).
La rebaja de pena de Alegría (de 51 a 13 años) es la más importante. Alegría estaba acusado de ser la piedra angular del entorno de ETA y el enlace de la banda terrorista en este entramado de sociedades y asociaciones. La Fiscalía le acusaba inicialmente, además de pertenencia a organización terrorista, de diez delitos financieros, que finalmente se han quedado en dos: falseamiento de contabilidad e insolvencia.
El fiscal, que cuando comenzó el juicio en noviembre de 2005 acusó a 45 de los 53 procesados de pertenencia a ETA, ahora sostiene que diez de ellos sólo fueron colaboradores y que tres de los imputados no militaron nunca en la banda. El macrosumario 18/98, que se reanudará el próximo día 14, ha tenido un tortuoso desarrollo e incluso tres meses después de su inicio volvió al punto de partida, tras autorizar el tribunal que se repitieran los interrogatorios a 21 de los imputados. Ayer, Molina pidió la libre absolución del abogado José Ignacio Uruñuela -«contento y satisfecho» por la decisión tras el «calvario» vivido, según comentaron ayer los miembros de la plataforma de apoyo al letrado- y que se condene exclusivamente por delitos económicos a Javier Otero e Ignacio José Zapiain, administradores de Orain.
Al margen de la reducción de sus peticiones, el informe definitivo de la Fiscalía de 255 folios, leído ayer en presencia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, reitera los argumentos tradicionales del instructor del caso, Baltasar Garzón: las cinco organizaciones enjuiciadas (KAS, Orain/Egin, Ekin, la fundación Joxemi Zumalabe y Xaki), son parte de los diferentes «frentes sociales» de apoyo a la banda. «ETA -insiste el informe- no está conformada sólo por la organización armada sino también por todos los anteriores frentes mencionados, controlados por el aparato militar».
Desestabilización
Según la Fiscalía, KAS (por la que están procesados ocho de los acusados) tenía como función, siempre bajo la supervisión de ETA, la «desestabilización social e institucional a través de las organizaciones de masas» y «mantener la cohesión interna de los colectivos de deportados». El Ministerio Público subraya también en su informe que el dominio de ETA se ejercía a través de la «doble militancia», la intervención de miembros delegados directamente por la organización terrorista en las diferentes estructuras supeditadas a ella.
Ekin, a la que pertenecerían 16 de los imputados, es la heredera de KAS y como tal se dedicaba a la «aplicación de la estrategia político-militar de ETA». Los militantes de Ekin -sostiene el fiscal- tenían «el objetivo de hacer sufrir a todos aquellos que no participen de sus reivindicaciones».
Xaki, en el que militaban siete de los imputados, tenía como propósito «conseguir los apoyos necesarios en el extranjero que se habían echado de menos en las negociaciones con el gobierno de España en 1989».
En cuanto a Orain, la editora de 'Egin' y en la que trabajaban 13 de los acusados, era el «frente cultural» de ETA. El fiscal concede «singular importancia» al grupo editorial, que, según dice, cumplía una triple función: mantener la cohesión interna del MLNV, servir de «instrumento de coacción» y «anestesiar» a las masas afines a la izquierda abertzale frente a los asesinatos de ETA. Por último, la Fundación Zumalabe, a la que pertenecían nueve de los imputados, tenía como función, según la Fiscalía, «difundir la teoría sobre la propuesta desobediente de ETA».
La AVT, personada como acusación popular, mantuvo su petición de penas de entre nueve a 51 años de cárcel para 52 de los acusados -todos menos Uruñuela- pero admitió también la petición de la Fiscalía. El abogado de las víctimas, Juan Carlos Rodríguez, explicó que sus conclusiones provisionales se basaban en las que defendía Enrique Molina, por lo que consideró conveniente proponer como alternativa la nueva solicitud del fiscal.
