El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Getxo, Luis Almansa, adelantó ayer, durante el Pleno municipal, que su partido solicitará en el Parlamento vasco el desvío del río Gobela a su paso por la plaza de la estación de Las Arenas y la realización de un estudio para determinar si el río debe dejar de estar soterrado. La situación de este cauce, a menos de 50 centímetros de los bloques de viviendas de la calle Ibaigane, y la posible construcción de una nueva promoción de viviendas del Gobierno vasco a menos de cinco metros del río, provocó un enfrentamiento entre el PSE de Getxo y el equipo de gobierno que desembocó en los tribunales en 2005.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró nulo, hace unas semanas, el estudio sobre el que se asentaba la construcción de 60 viviendas protegidas en la zona y determinó la necesidad de modificar el Plan General de Ordenación Urbana para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, la interpretación de esta decisión judicial ha reabierto el conflicto entre el equipo de gobierno, el PSE y los propios vecinos de la calle Ibaigane.
A juicio del portavoz socialista, Luis Almansa, «la sentencia es una reprimenda a la testarudez del equipo de gobierno, que se ha empeñado en que este cauce era una escorrentía y no un río como ha dictaminado el juez». Añaden, a su vez, que «si se trata de un río, el Gobierno vasco deberá desviar el cauce, para separarlo de las viviendas, al menos, cinco metros, la distancia mínima que determina la Ley de Aguas». Sin embargo, el alcalde considera que la sentencia es más favorable a su equipo que al grupo de Almansa.
Error de procedimiento
Según Zarraoa, «en lo único que nos quita la razón es en el procedimiento utilizado, porque la construcción no se puede hacer vía estudio de detalle sino a través de una modificación del PGOU». Ante estas declaraciones, los propietarios de las viviendas situadas a escasos metros del río, que en reiteradas ocasiones han denunciado humedades e inundaciones por este motivo, quisieron recordar que «el fallo se pronuncia a nuestro favor como demandantes y en contra del Ayuntamiento como demandado». Actualmente, el Gobierno vasco está redactando un nuevo estudio que podría contemplar una separación de 10 metros entre las nuevas viviendas y el cauce.
