La ausencia de libre competencia en la contratación del transporte del puerto de Bilbao parece no tener solución. Al menos, eso es lo que se desprende del proceso iniciado hace ya varios años por iniciativa del Gobierno vasco y que esta misma semana ha culminado en un documento desolador. El compromiso de abrir esta actividad a las leyes del libre mercado, incluso con la promesa de garantizar una transición blanda para quienes ahora obtienen su sustento en ella, no ha conseguido concitar demasiadas adhesiones. Tan sólo la de quienes, desde hace ya mucho tiempo, abogan por introducir dosis de competitividad en una parte de la cadena del transporte, que amenaza con condenar al puerto vizcaíno a ser una instalación de escaso crecimiento. El resto, principalmente los dos sindicatos que representan a los transportistas autónomos, Sintrabi, el mayoritario y Egas -muy vinculado al movimiento cooperativo del sector-, se han mantenido al margen.
Ni el Gobierno vasco, que ha intentado liderar este proceso con más voluntad que acierto, ni los responsables del puerto de Bilbao -principales afectados por la merma en la competitividad de sus servicios, pero que han preferido siempre mantenerse en la sombra- han conseguido mover ni un milímetro el 'cártel' que opera en los muelles.
Peor aún. Una denuncia del Ejecutivo autónomo derivó el pasado septiembre en una actuación de la Audiencia Nacional muy cuestionada y puede conducir, además, a una demostración de fuerza por parte de los transportistas. Sintrabi ha convocado una asamblea de afiliados para el próximo 17 de febrero y ya ha telegrafiado que de allí pueden salir movilizaciones «importantes».
Actuación judicial
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, apoyado en una investigación de la Ertzaintza que todas las fuentes conocedoras de la realidad portuaria no dudan en calificar como «parcial» y poco rigurosa -algunos incluso se atreven a asegurar que ha estado dirigida con claros intereses mercantiles para favorecer a unas empresas y transportistas en detrimento de otros-, ordenó a finales de septiembre la detención de 19 personas. Entre ellas, los dirigentes de Sintrabi, responsables de varias compañías de transporte y los máximos representantes de la patronal de consignatarios y estibadores. Todos ellos, uno tras otro, fueron puestos en libertad sin ni siquiera tener que depositar una fianza, tras prestar declaración ante el magistrado. El secreto del sumario se mantiene y la investigación de la Ertzaintza también.
Hace ya más de quince años que existe el problema: casi un millar de transportistas autónomos decidieron organizarse en el puerto de Bilbao para proteger su puesto de trabajo, garantizar unas tarifas 'adecuadas' y evitar que las guerras de precios o la competencia con 'escape libre' reeditase crisis y quiebras del pasado. Todo ello se consiguió contingentando un parte de la actividad del movimiento de mercancías y -por las buenas, y muchas veces por las malas- impidiendo el acceso a la contratación de camioneros ajenos a este 'club'.
Viene de largo
Hace tres años que el Gobierno vasco encargó a un experto en materia de competencia la elaboración de un estudio sobre el caso. El informe, como no podía ser de otra manera, detectó un enorme catálogo de presuntos delitos en la actividad del transporte que sale y llega a los muelles. Para contrarrestarlo, los transportistas autónomos recordaron que si existe esa situación es porque un día las empresas que actuaban en el puerto quebraron, entregaron sus camiones a los empleados como pago de las deudas salariales, se desató a continuación una guerra salvaje de precios y los autónomos decidieron organizarse para que no se volviese a repetir el ciclo.
A mediados de 2005, el Departamento de Transportesdecidió optar por la estrategia del palo y la zanahoria. Al tiempo que presentaba su denuncia e incitaba a la Fiscalía a actuar contra los transportistas, nombraba a Rafael Puntonet -ex presidente del Consejo Económico y Social- como 'comisionado para la competitividad'. Algo que debería traducirse como 'pinche de cocina' en el intento de 'guisar' un acuerdo entre todas las partes afectadas para consensuar una senda de planeo hacia la libre competencia. Año y medio después, el trabajo no ha aportado novedades sustanciales. Ni la Administración ha sido capaz de ofrecer a los transportistas una 'hoja de ruta', con ayudas concretas para que accedan a desmontar su chiringuito, ni éstos han accedido a comprometerse por escrito a participar en un proceso riguroso.
¿Y los transportistas?
Incluso, desde el sector de Egas y las cooperativas se han hecho propuestas para caminar en sentido contrario y reforzar el control sobre este mercado: concentrar la contratación de camiones en una única empresa. Por su parte, Sintrabi, como quien oye llover, ha dado a entender que está dispuesto a iniciar conversaciones, pero nunca bajo la presión de una actuación judicial o sintiéndose permanentemente espiados por la Ertzaintza.
El Gobierno vasco ha fracasado, incluso, en lo que se puede denominar como la 'estrategia hogareña'. La actual consejera de Transportes, Nuria López de Gereñu, ha intentado sin éxito sacudirse el liderazgo en la resolución de este problema. Una misión que asumió con buenas dosis de valentía -hay quien sostiene que de inconsciencia- el anterior responsable de la cartera, Alvaro Amann, pero que no resultaba cómoda al nuevo equipo. El resto de instituciones implicadas -la propia Autoridad Portuaria, la Diputación de Vizcaya y la Cámara de Comercio de Bilbao- han preferido mantenerse en un discretísimo segundo plano, a sabiendas de que el tema no sólo es complicado. sino que, además, es una máquina de generar conflictos.
Como muestra de interés vale un botón: la Autoridad Portuaria jamás ha enviado a uno de sus directivos a las numerosas reuniónes convocadas por el comisionado para intentar negociar un acuerdo con los transportistas. En representación del puerto siempre ha asistido a las reuniónes un consultor ajeno a la institución. Mientras, el problema sigue amarrado al 'superpuerto'.
