La propuesta de gravar los pisos vacíos con un canon autonómico de nueve euros al día, un nuevo impuesto que el Departamento de Madrazo quiere incluir en el proyecto de ley de Vivienda, provocó ayer el rechazo frontal del Partido Popular, mientras que los socialistas vascos recordaron al consejero de Ezker Batua que una cuestión de tanto calado debe discutirse «con calma y en profundidad».
Las diputaciones, que se oponen a penalizar fiscalmente los inmuebles desocupados, rehusaron opinar sobre el canon, aunque fuentes del gobierno foral de Álava declararon que las iniciativas de Madrazo, tanto en el Gobierno vasco como en el Parlamento autónomo, «se parecen a concursos de ideas».
Ajeno a estas críticas, el titular de Vivienda aseguró ayer que la aplicación de un canon a las residencias cerradas ayudaría a que los propietarios se animen a ponerlas en alquiler. «Nos parece un lujo inadmisible que haya personas que tengan su vivienda sin ningún uso, cuando hay tantos ciudadanos, sobre todo jóvenes, que necesitan un piso».
Madrazo recalcó que su departamento está decidido a aplicar el nuevo gravamen porque, desde su punto de vista, «tiene encaje legal» y ayudaría a captar un máximo de 26.000 inmuebles para el mercado; en concreto para el programa Bizigune. Aclaró que la medida está pensada para los inmuebles que permanezcan cerrados durante un año, pero no para las segundas residencias. Igualmente quedarían excluidos las propietarios que deben abandonar temporalmente su domicilio por causas laborales, por motivos de salud, para cuidar a una persona dependiente o por otras causas de fuerza mayor.
«Nosotros tenemos una definición precisa de vivienda vacía», explicó el consejero, quien resaltó que existen procedimientos para saber si una residencia no tiene ningún uso, como el empadronamiento, los consumos de agua, luz y teléfono; los testimonios de los vecinos y las declaraciones de inspectores oficiales. «Espero tener suficiente consenso político para sacarla adelante», declaró Madrazo.
Los socialistas, cuyos votos fueron decisivos en el Parlamento vasco para aprobar la Ley del Suelo, se mostraron partidarios de imponer recargos a los pisos vacíos y movilizarlos hacia el alquiler, pero insistieron en que esas medidas requieren una reflexión. «Hay cosas que compartimos con el Departamento de Vivienda. Por ejemplo, apostamos por un acuerdo sobre fiscalidad, pero nos gustaría debatir esta cuestión con calma y en profundidad», declaró el parlamentario Jesús Loza.
A corto y a largo
El representante del PSE recordó que, el pasado 27 de diciembre, su grupo parlamentario contribuyó a sacar adelante en la Cámara vasca una propuesta para recargar el IBI de los inmuebles vacíos. La petición, respaldada por Ezker Batua, EA, Aralar y EHAK, estaba dirigida a las diputaciones y reclamaba también que se redujeran las deducciones fiscales por vivienda. El pronunciamento socialista se produjo cuando los junteros vizcaínos del PSE dieron su apoyo a un IRPF que iba en la dirección opuesta. No obstante, Jesús Loza atribuyó esa disparidad de criterios a que las diputaciones actúan «a corto plazo» con la fiscalidad de la vivienda, pero «el Parlamento vasco mira a la larga».
Loza subrayó que el PSE tiene serias reservas sobre el aumento de presupuesto concedido al programa Bizigune, que capta pisos para el mercado del alquiler y que, según el Departamento de Vivienda, podría acoger a muchos propietarios que no quieran pagar un hipotético canon. Los socialistas critican que ese programa llegue a recibir más dinero que el destinado a construir pisos nuevos para el arrendamiento.
Por su parte, el PP cree que la pretensión de introducir un nuevo impuesto refleja «la incapacidad» del Gobierno vasco para resolver el «grave problema» de los ciudadanos para acceder a la vivienda. La parlamentaria Arantxa Quiroga instó a Madrazo a «garantizar» ese derecho en lugar de «perseguir el derecho de propiedad».
