La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dado un giro de 180 grados sobre sus tesis iniciales y solicitado al juez que archive las acusaciones contra los directivos del diario Egunkaria, clausurado en 2003, por considerar que no existe ni una prueba, «ni indicios sólidos suficientes», de sus vínculos con ETA.
El destino de la causa queda ahora en manos del tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que debe decidir en las próximas semanas si hace caso al fiscal y archiva el expediente, o si admite las posiciones de las acusaciones particulares -Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ)-, quienes le pedirán en breve que siga adelante con el proceso y siente en el banquillo a los siete procesados: José María Torrealdai, presidente del consejo de administración; Iñaki Uría, consejero delegado; José María Auzmendi, ex consejero delegado; Xabier Alegría, presunto 'comisario político' de la banda; Peio Zubiría, ex director; Xabier Oleaga, redactor jefe, y Martxelo Otamendi, último director del periódico.
El Ministerio Público ha tomado esta sorprendente decisión después de tres años de instrucción judicial en los que incluso mantuvo encarcelados durante meses a varios de los siete imputados, y después de que a principios de este mismo año pidiese la confirmación de sus procesamientos, por entender que había indicios de que el grupo editorial estuvo integrado en el entramado de ETA y subordinado a sus órdenes.
El fiscal Miguel Ángel Carballo, que sólo se ocupa de esta causa desde hace unos meses, no se atreve a decirlo de forma explícita, pero insinúa en su informe de 25 páginas que, ante la falta de indicios contra los imputados, ni siquiera deberían haber sido procesados en 2005 por el instructor, Juan del Olmo. Su postura coincide con la sostenida desde el principio por numerosas instituciones políticas, sociales y culturales del País Vasco, de distinta orientación ideológica, y por el Parlamento vasco, que hace un año pidió ya a la Audiencia Nacional el archivo de la causa.
«Ni por asomo»
Miguel Ángel Carballo considera que «ni por asomo» se aprecian en este caso los delitos de integración o colaboración con banda armada o el de asociación ilícita con fines terroristas, que llevaron a la apertura de la instrucción. Dice que «resulta improcedente abrir el juicio oral» contra los directivos porque «no está acreditado» que Egunkaria haya servido para financiar a ETA o blanquear sus capitales. Tampoco «consta» que el diario y los procesados «hayan servido a los fines de la banda», legitimado o minimizado acciones terroristas, o «hayan prestado ayuda ni específica ni genérica» a ETA.
El fiscal destaca que en los diez años de funcionamiento del periódico (1993-2003), el único editado íntegramente en euskera, «no se ha encontrado ni un solo documento» que pruebe que el grupo editorial Egunkaria y el propio rotativo «hayan sido un artilugio legal para lograr el cumplimiento de los fines de ETA». Repasa uno por uno los documentos utilizados por la Guardia Civil y el juez Del Olmo para sostener esta tesis y llega a la conclusión de que las interpretaciones policiales «carecen de solidez» y «no prueban nada».
Es más, la Fiscalía comenta incluso que de alguno de los escritos «se deduce claramente las reticencias de los dirigentes del periódico a una propuesta supuestamente proveniente de ETA» y afirma que «en diez años (de funcionamiento) no se encuentra una sola noticia, editorial o artículo de apoyo o justificación» a la organización terrorista.
El informe fiscal señala que «una cosa es que, en los albores del periódico, la banda esté interesada e informada de la gestación del diario» -o que incluso busque su control- y «algo muy diferente es que ello implique que se le pueda atribuir su creación, su impulso o su control, y menos aún a los gestores del periódico procesados». Si no hay financiación, ni blanqueo, ni apoyo ni fomento de la violencia, Carballo se pregunta: «¿De qué le sirve a los fines de ETA la creación de Egunkaria?».
El fiscal no hace petición expresa para que el tribunal levante la clausura del diario -renovada en 2004- y pide a la sala que estudie si la pieza separada que investiga posibles irregularidades tributarias, societarias o contra el patrimonio del grupo Egunkaria debe ser remitida a un juzgado del País Vasco para su investigación, por no ser competencia de la Audiencia Nacional.
