La Fiscalía General de Venezuela registró ayer las oficinas de Iberia en Caracas en el marco de una investigación por la presunta quiebra fraudulenta en 1997 de la aerolínea Viasa, en la que implica al ex presidente de la compañía española y actual máximo responsable de la BBK, Xabier de Irala. En el momento del cierre de la empresa, que arrastraba desde años atrás una insostenible situación económica, Iberia era su principal accionista tras haber comprado el 45% de su capital en 1991.
La actuación judicial fue ejecutada con la intención de intervenir documentos escritos y electrónicos que pudieran estar relacionados con supuestas anomalías en la crisis de la firma, según señaló el ministerio público. El registro fue efectuado por agentes policiales de la Dirección de Investigaciones de Delitos en la Función Pública, de la División de los Delitos contra la Corrupción y de Experticia Informática del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
La Fiscalía pretende imputar a Irala por su condición de presidente de Iberia cuando se produjo la quiebra. Para ello ha enviado una carta rogatoria al Gobierno español en la que pide ayuda para obtener el testimonio del ex responsable de la compañía. Además, han sido imputados en el caso Rafael García Hernández y Pedro Antonio Echeverría, administradores de la desaparecida Viasa, por un presunto delito de quiebra fraudulenta y aprovechamiento de fondos públicos.
Nuevas imputaciones
De ser hallados culpables, los ex administradores podrían pasar de dos a diez años en prisión, según apunta la prensa de Caracas. Además, la fiscal encargada del caso no descarta la posibilidad de que se produzcan nuevas imputaciones a corto plazo.
Fuentes de Iberia restaron ayer importancia al allanamiento de sus oficinas y aseguraron que se produjo al no poder responder a tiempo a una solicitud de información. Los mismos medios precisaron que la fiscal de Venezuela envió el miércoles un requerimiento a la sede de la aerolínea para que respondiera en 24 horas si una persona trabajaba en esta compañía. El gerente del grupo se encontraba de viaje, por lo que no pudo responder. Ante esa situación, la fiscal se presentó ayer, acompañada de cámaras de televisión, en las dependencias de la empresa española, donde le señalaron que esa persona ya no figura entre sus empleados.
Viasa dejó de volar el 23 de enero de 1997 al optar sus responsables por el cierre ante la catastrófica situación económica de la aerolínea, que durante cuatro años voló gracias a los préstamos que le realizó Iberia. El grupo español -entonces, en manos del Estado- perdió 220 millones de dólares en la operación, lo que equivale a más de 160 millones de euros actuales, y estaba atado de pies y manos para capitalizar la empresa ya que se lo prohibía expresamente la legislación de la UE.
La actuación del régimen de Hugo Chávez contra la aerolínea se produce tras las serias dificultades con las que otras compañías españolas han tropezado en países de Latinoamérica gobernados por líderes populistas. Entre los precedentes figuran los serios problemas de Repsol en Bolivia y de varias firmas en Argentina.
