La plantilla de la futura RTVE no puede pasar de 5.900 trabajadores fijos y 500 con contrato temporal, lo que conlleva un excedente de 4.150. El recorte laboral se efectuará mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al que inicialmente podían acogerse aquellos empleados fijos con una antigüedad en la compañía superior a seis años y que tuvieran cumplidos 50 años o más a 31 de diciembre de 2006. No obstante, las estimaciones realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) anticipan serias dificultades para poder completar la previsión de bajas.
Este escenario sólo dejaba al Gobierno dos salidas. Una, aplicar la medida presentada la pasada semana según la cual todos aquellos prejubilables que se negaran a acogerse al ERE podrían ser forzados a salir del ente con un despido procedente: 20 días de sueldo por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. Y otra, políticamente mucho más correcta, abrir la horquilla del recorte y rebajar la edad de la regulación de empleo hasta los 47 años. Aunque, eso sí, siempre de acogimiento voluntario. Unos 200 lo aceptarían de inmediato
La SEPI ha optado por esta última fórmula, medida que afectaría a unos 700 trabajadores del grupo estatal de comunicación. Las previsiones de la sociedad que preside Enrique Martínez Robles contemplan que al menos en torno al 30% del nuevo grupo excedente podría ver con buenos ojos una salida pactada, lo que, junto con los efectos de las bajas incentivadas, permitiría alcanzar holgadamente la cifra «mágica» de los 4.150 empleados.
90% del sueldo
Sin embargo, para aquella parte de la plantilla que cumpla al menos 47 años a 31 de diciembre de 2006, las condiciones económicas previstas no serán tan generosas» como para el excedente humano acordado al comienzo del verano, aunque está previsto que en su momento se analice la situación caso por caso.
Cabe recordar que la reciente propuesta económica de la SEPI incluye para cada empleado una media del 87,7% del salario bruto medio del último año, lo que se traduce en cerca del 90% de la cantidad neta una vez aplicadas las ventajas de la normativa fiscal vigente. Además, el Estado correrá con los gastos de los pagos a la Seguridad Social hasta la edad de jubilación forzosa, fijada a los 65 años.
Gobierno y sindicatos se han dado de plazo hasta el próximo martes para alcanzar un acuerdo definitivo sobre las condiciones económicas de la regulación de empleo, momento a partir del cual comenzará a contar el reloj para que los trabajadores afectados puedan adscribirse a las listas voluntarias en el período máximo de treinta días.
