Mientras el Gobierno vasco arroja la toalla y considera «prácticamente irreversible» el cierre de la factoría de Reckitt Benckiser en Güeñes, las fuerzas de la oposición en Vizcaya cargan contra el supuesto trato de favor otorgado por las instituciones a la multinacional británica de productos de limpieza. El Partido Popular y Ezker Batua exigieron ayer responsabilidades a la Diputación foral y al Ayuntamiento de la localidad -ambos, controlados el PNV- por haber recalificado unos terrenos de la empresa, destinados inicialmente a ampliar sus instalaciones, en los que al final serán construidas 148 viviendas. La aprobación de ese cambio de uso fue publicada en el boletín oficial sólo un mes antes de que la compañía anunciara el traslado de su producción a Polonia, Portugal y Reino Unido, y el despido de sus 190 trabajadores. El 'pelotazo' urbanístico ha favorecido la deslocalización, denunciaron ambos grupos.

El PP censuró la «ingenuidad» del alcalde de Güeñes, Koldo Artaraz, y del Ejecutivo foral por haber autorizado esa recalificación de casi 30.000 metros cuadrados de terreno. El solar había sido adquirido en 1999 por Reckitt por unos 780.000 euros (130 millones de pesetas de entonces)y vendido a finales del pasado año a una promotora por más de 6 millones, más mil millones de pesetas. La transacción se realizó después de que el Ayuntamiento modificara las normas subsidiarias para catalogar esa zona como urbanizable residencial. La Diputación dio el visto bueno a la medida en una orden del 9 de agosto.

'Pelotazo'

Gracias a ambas actuaciones, a la empresa «le sale actualmente más rentable hacer pisos en sus terrenos que seguir fabricando detergentes en Güeñes», lamentó el presidente del PP de Vizcaya, Antonio Basagoiti. Por ello, «todos los vizcaínos vamos a pagar de nuestros bolsillos el traslado de la fábrica a otro lugar más ventajoso para sus intereses», añadió. Su grupo ha solicitado la comparecencia en las Juntas Generales del diputado de Empleo, Julio Artetxe (EA), para que explique «de forma pormenorizada» la operación urbanística que ha permiso a la multinacional «disponer de los fondos suficientes para poder marcharse». También reclamará que el responsable foral de Urbanismo, Patxi Sierra-Sesumaga (PNV), valore esa recalificación, ya que «en su día se mostró muy crítico con la que tuvo como protagonista a Fertiberia, en Barakaldo, y sin embargo no se le ha oído nada en relación con ésta».

Basagoiti defendió que las instituciones velen por que «la ganancia de este 'pelotazo' se quede en las Encartaciones para generar puestos de trabajo».

En términos también muy críticos se expresó Ezker Batua, que considera «responsables directos» de la fuga de la empresa a la Diputación y al Ayuntamiento de Güeñes por haber permitido una recalificación con «visos de ilegalidad» sin exigir ninguna contrapartida a Reckitt. La coalición pedirá cuentas en las Juntas Generales al diputado general, José Luis Bilbao, por el cierre «fraudulento» de la factoría y pedirá a la Justicia que investigue si la actuación de ambas instituciones se ha ajustado a la legalidad. «Éste no es más que un ejemplo de lo que puede pasar a todas las empresas de Euskadi si seguimos por la senda de facilitarles mediante ayudas fiscales su radicación durante un tiempo en nuestro territorio, pero no somos vigilantes exigiéndoles garantías y compromisos», señaló el parlamentario Oskar Matute.

El viceconsejero de Trabajo, que se reunió ayer por la tarde con el comité de empresa de la fábrica, admitió que el cierre es «prácticamente irreversible» y que el Gobierno vasco apenas dispone de margen de maniobra para evitar una medida que le ha causado «sorpresa». Además, reiteró el compromiso del Ejecutivo de buscar la recolocación de los 190 operarios que serán despedidos.