El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otras ocho personas que integraban la comisión ejecutiva del banco durante 1994, serán juzgados en los próximos meses por el traspaso irregular del 1% de las acciones de Banesto al entonces equipo directivo de Alfredo Sáenz. Así se deriva de la resolución dictada ayer por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Santander, que tras concluir la investigación del caso aprecia indicios suficientes de la presunta comisión por parte de los acusados de los delitos de fraude fiscal y apropiación indebida.

En esta ocasión, y a diferencia de anteriores procesos judiciales que afectan al banquero cántabro, el Ministerio Fiscal está al frente de las acusaciones, que pueden pedir hasta ocho años de cárcel para Botín y sus antiguos colaboradores.

En su resolución, el juez instructor del caso, Fernando Vegas García, afirma que los nueve directivos del Santander acusados «omitieron declarar ante la Hacienda Pública los rendimientos en especie (opciones sobre acciones.) con que contribuyeron al plan de incentivos a los directivos de Banesto», por su buena labor tras ser adquirida esta entidad por el citado grupo. Dichos emolumentos se concretaron mediante la venta el 21 de octubre de 1994 de una partida de 6,1 millones de títulos, «por un precio inferior al real» (400 pesetas a las 848 que valía entonces cada participación en Bolsa) y «cuya financiación sufragó el Santander».

Esta misma operativa se utilizó en noviembre de 1996 y 1997 para premiar a los dos nuevos directivos incorporados entonces a Banesto. El juez afirma que esas retribuciones no fueron comunicadas a Hacienda, por lo que el banco habría «defraudado» así al fisco un total de 9,8 millones de euros, a razón de 7,7 millones en 1994 y el resto repartidos entre 1995 y 1998. Junto a Emilio Botín, están acusados los directivos Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso, Rodrigo Echenique, Juan Secades, Ignacio Benjumea, Juan Carlos Rodríguez Cantarero y José María Espi.