El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska mantiene en secreto desde hace un año una investigación judicial sobre el cobro del denominado 'impuesto revolucionario', al margen del sumario que la pasada semana desencadenó la detención de una docena de supuestos activistas en España y Francia. Una decena de empresarios vascos y navarros han sido ya interrogados -sin ningún tipo de publicidad- por el magistrado en el marco de un hasta ahora desconocido sumario 431/05. Esta causa fue abierta por Grande-Marlaska en 2005, al poco tiempo de hacerse cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en sustitución de Baltasar Garzón que, precisamente, regresa el próximo lunes.

El origen de esta investigación se remonta a varios documentos incautados a responsables financieros de ETA en Francia el pasado año, en los que aparecían los nombres de los empresarios que ahora están siendo citados, las cantidades que supuestamente habrían abonado a la organización terrorista, así como 'deudas' que tenían con las arcas de la banda armada.

Todos los empresarios que han pasado hasta ahora por el juzgado de Fernando Grande-Marlaska han declarado como imputados para, según la Fiscalía, «aumentar sus garantías procesales» al ser interrogados en presencia de sus abogados de confianza. Las últimas indagatorias del magistrado en esta causa han sido esta misma semana: el lunes por la tarde interrogó a dos empresarios cuyo nombre no ha sido dado a conocer y ayer mismo tomó declaración en absoluto secreto a otros dos.