El Gobierno vasco reclamó ayer al central que se permita a las comunidades autónomas participar en la elaboración del Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de CO2 para el cumplimiento del Protocolo de Kioto en el periodo 2008-2012. Teme que si ese reparto no se hace adecuadamente «puede dañar seriamente la competitividad de las empresas vascas».

El PNA distribuye los derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones de los sectores incluidos en el mercado europeo de CO2 -electricidad, siderurgia, cemento, cal, vidrio, cerámica y papel-. Si las plantas industriales emiten más dióxido de carbono del que se les ha asignado, deben comprar derechos en el mercado o de lo contrario serán sancionadas.

El Gobierno vasco critica que «las políticas de cambio climático se centren únicamente en el sector industrial», cuando las empresas de este ámbito ya han hecho un notable esfuerzo para mejorar su eficiencia energética. En su opinión, también hay que tomar medidas con las actividades no incluidas en el mercado de emisiones como el transporte o el consumo doméstico.

El Ejecutivo autónomo pide, asimismo, que, para no ahogar a la industria, se exija un mayor esfuerzo de reducción de emisiones a las eléctricas, que cuentan con un mayor margen de maniobra.