El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó ayer el ingreso en prisión incondicional de Joseba Elosua, el supuesto máximo responsable de la red de extorsión de ETA desarticulada el martes en una operación hispano francesa que se saldó con doce detenidos en ambos países. Con su encarcelamiento aumenta a tres las personas encarceladas por su relación con la recaudación del denominado 'impuesto revolucionario'. Entre el jueves y el viernes entraron en prisión el periodista radiofónico Juan Pedro Harocarene -que reconoció su implicación en la trama, para la que recababa información sobre empresarios- y Carmelo Luquín, que supuestamente ayudaba a Elosua a gestionar el cobro de la extorsión.

Tras interrogar a Elosua, el magistrado continuó durante la tarde con las declaraciones de los dos últimos supuestos miembros de la red de cobro etarra detenidos en España, Ramón Sagarzazu e Ignacio Aristizabal. El primero, que se negó a declarar ante el instructor, regresó a prisión hasta que designe abogado defensor. Grande-Marlaska le ha vuelto a citar para el próximo jueves. En cuanto a Aristizabal, fue puesto en libertad sin fianza, con la obligación de comparecer ante un juzgado semanalmente.

El instructor no hizo público ayer, tal y como tenía previsto, el auto de prisión de todos los encarcelados, ya que ha decidido mantener el secreto de la causa hasta que mañana declaren los dos empresarios detenidos el viernes en Navarra acusados de haber pagado el chantaje a la red: José Javier Azpiroz Noain y Juan María Saralegui Caballero. Según fuentes de la investigación, ambos abonaron a la banda 64.000 euros correspondientes a una deuda antigua, tal y como consta en un recibo incautado en el domicilio de Bayona de uno de los presuntos etarras detenidos el martes en Francia, José Luis Cau, de 62 años, supuesto cabecilla de la red en suelo galo.

Pinchazos telefónicos

El interrogatorio más extenso correspondió a Elosua, al que el magistrado considera responsable del grupo de recaudación de ETA en España. Grande-Marlaska acusa directamente a este veterano activista abertzale de 72 años de haber sido la persona que envió las dos últimas remesas de cartas amenazantes a empresarios vascos y, sobre todo, navarros.

Según los informes remitidos por la Comisaría General de Información a la Audiencia Nacional, estas misivas, detectadas tras la declaración de alto el fuego permanente del 22 de marzo, fueron enviadas por Elosua en persona entre el 3 y el 18 de marzo, apenas unos días antes del anuncio de la banda terrorista. En una primera oleada, el jefe de los recaudadores remitió 35 cartas y en una segunda remesa distribuyó otras 48.

Los seguimientos y pinchazos telefónicos a los que fue sometido entre el 3 de marzo y el 4 de mayo -cuando el sospechoso descubrió que estaba siendo seguido por la Policía supuestamente gracias a un chivatazo- apuntan a que ETA, en la primera semana de abril, ordenó a Joseba Elosua y a sus colaboradores cesar en el envío de cartas, pero no en el cobro de dinero fruto de las extorsiones anteriores. Las intervenciones telefónicas implican dentro de esta red a Sagarzazu, también interrogado ayer por el magistrado. Este último, según se desprende de las escuchas realizadas a mediados de abril, colaboraba con Elosua en la recaudación y mantenía contactos con Cau para las entregas del dinero en Francia.

Las vigilancias al jefe de la trama relacionan también a su yerno, Carmelo Luquín, con la trama. Los informes policiales sostienen que Luquín, que regenta junto a su mujer una perfumería junto al bar Faisán propiedad de Elosua, fue depositario de cartas extorsionadoras que finalmente no llegaron a enviarse porque ETA declaró el alto el fuego. En algunas de esas escuchas y seguimientos aparece el dirigente del PNV Gorka Agirre, al que se investiga para determinar si tenía alguna relación con la red.