El desmantelamiento de la red histórica de extorsión de ETA, que dirigió personalmente el martes desde la frontera con Francia, puede constituir la última operación judicial contra el entramado de la banda comandada por el magistrado Fernando Grande-Marlaska. El juez bilbaíno encara su semana final al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que se dispone a regresar su titular, Baltasar Garzón, después de más de un año de excedencia en Estados Unidos, que vencerá el 30 de junio. En este tiempo, Grande-Marlaska ha profundizado con ahínco en las investigaciones emprendidas por su compañero y ha estrechado el cerco judicial sobre la ilegalizada Batasuna, inconmovible frente a las crecientes críticas que le responsabilizan en primera persona de obstaculizar el camino hacia el final de la violencia abierto tras el alto el fuego permanente. Su sustitución suscita un cierto alivio, especialmente palpable en las filas de los socialistas vascos.

Dirigentes del PSE confían en privado, de hecho, en que el relevo de Grande-Marlaska por Garzón pueda favorecer el proceso de paz que el presidente del Gobierno oficializará con la comunicación al Congreso, previsiblemente el próximo miércoles, del inicio de la negociación con ETA. Cargos del partido liderado por Patxi López admiten que el veterano magistrado de la Audiencia Nacional, promotor de los grandes sumarios contra el entorno político y social que arropa las actuaciones de la banda armada, es «impredecible», un calificativo que cunde entre sus colegas en los tribunales. Pero a la pregunta sobre si las expectativas para la gestión del final del terrorismo son más favorables con él que con Marlaska, un alto responsable del PSE responde con un rotundo «sí». «Garzón no está ya en las prisas por hacerse un nombre», argumenta la misma fuente, quien pronostica que «vendrá más dispuesto» a no entorpecer el proceso, al tiempo que culpa a su sustituto de protagonizar «una carrera alocada para aprovechar» su paso transitorio por el Juzgado de Instrucción número 5.

A partir de julio, Grande-Marlaska continuará trabajando para la Audiencia Nacional, en comisión de servicios en la Sala de lo Penal. Lo que significa que queda «desactivado» en los sumarios contra ETA y Batasuna porque «quien manda es siempre el instructor», según constata un antiguo compañero suyo en los juzgados de Bilbao, persuadido de que el paso por los juzgados centrales ha influido en el ánimo de su colega, pero que niega que sus resoluciones estén inspiradas por motivaciones políticas.

Este magistrado, al igual que otros medios judiciales consultados por este periódico, perciben un marcado «interés» tanto en el Gobierno como en los socialistas en que Garzón se reincorpore a su puesto, desde la convicción de que jugará con los márgenes de interpretación de la legislación vigente con mayor flexibilidad y suavizará la presión sobre Arnaldo Otegi y los suyos. Los responsables abertzales están comprobando día sí y día también cómo Grande-Marlaska aplica escrupulosamente la Ley de Partidos y la orden de suspensión de actividades de Batasuna -promovida, paradójicamente, por Garzón y prolongada por su sustituto durante dos años más- para impedirles actuar en representación de la formación ilegalizada.

Fuera de cálculo

La dirección del PSE, que ha embridado su disgusto por algunas actuaciones de los tribunales con un discurso público respetuoso hacia las mismas, contaba con que el proceso de paz iba a tener «dificultades» y era consciente de que las causas abiertas contra el entramado terrorista y las amenazas de prisión que aún penden sobre Otegi podían obstaculizar el camino para intentar hacer definitivo el alto el fuego.

Fuentes cercanas a Patxi López aseguran que lo que no entraba en los cálculos era la perseverancia de Grande-Marlaska, cuyas investigaciones sobre la red de extorsión de ETA han salpicado esta semana al dirigente del PNV Gorka Agirre y a dos empresarios navarros, y se revuelven contra la posibilidad de que «un juez ponga en peligro» el proceso de paz. «No sabemos cómo regresará Garzón, habrá que esperar. Pero de Grande-Marlaska sí sabemos que no va a ayudar», zanja otro cargo socialista.

Las resoluciones del magistrado están detrás de la controvertida decisión adoptada por el PSE de reunirse, con luz y taquígrafos, con Batasuna. Esa entrevista, anunciada por López el pasado 30 de mayo, suponía el reconocimiento como interlocutor de la formación abertzale y ayudó a disipar el riesgo de bloqueo que planeaba sobre el incipiente proceso de paz después de que Grande-Marlaska citara a declarar, esa misma semana, a Otegi y otros siete miembros de la nueva mesa nacional por supuesta reiteración delictiva y amenazas terroristas.

La dirección abertzale, que transmitió a los partidos su incomprensión por la incapacidad del Gobierno para atajar las acciones judiciales en su contra hasta el punto de sospechar que, en realidad, el Ejecutivo estaba utilizando esa variable en su provecho, llegó a advertir a los socialistas de que boicotearía la Audiencia Nacional si no se aflojaba la presión. La cita con el PSE y la resolución final de Grande-Marlaska de no encarcelar a los mahaikides salvaron el primer escollo serio desde que ETA decretara el alto el fuego, hace ahora tres meses.

Justo en aquellos días, Garzón apeló públicamente a la «responsabilidad política y mediática» para que sus compañeros pudieran desarrollar su labor «con tranquilidad», aunque al tiempo se mostró convencido de que el Poder Judicial sabrá «tener en cuenta el momento actual» sin violentar la ley y avaló que el Gobierno intente «negociar y sondear sobre los intereses de la organización terrorista» siempre que no se vulneren «los principios constitucionales» y exista voluntad en ETA de dejar las armas.

Patrones «similares»

Manifestaciones como éstas parecen encontrarse detrás de las expectativas sobre su regreso suscitadas en los socialistas y, en cierto modo también, en el tripartito vasco. Lo que no deja de resultar llamativo: Garzón se convirtió en un incómodo azote contra los implicados en la 'guerra sucia' contra el terrorismo, después de un conflictivo tránsito por el Gobierno de Felipe González, y en una de las 'bestias negras' para el nacionalismo, con su doctrina de que debe perseguirse a quienes empuñan las armas, pero también a quienes son su voz política y su resguardo social.

«A ver si ahora nos vamos a tener que alegrar de que vuelva», sostiene, con retranca, un representate abertzale.

Las posiciones en el universo judicial resultan más matizadas. Fuentes consultadas remarcan el afecto personal que le profesa Grande-Marlaska a Garzón, con quien ha compartido mesa y mantel en alguna de sus visitas a Madrid y casi la única persona, apuntan los mismos medios, con quien consulta sobre sus resoluciones. Mientras una antigua compañera de estudios de Garzón relativiza el peso de los jueces de Intrucción, dado que el sistema cuenta con mecanismos de control y revisión, un representante del Poder Judicial subraya que los dos magistrados se han guiado «por patrones muy similares». «No creo que ninguno vaya a reventar el proceso», zanja.

El juez andaluz abandonó la Audiencia el 28 de febrero de 2005 dando un último empujón al macrosumario por la suspensión de Batasuna. Su marcha provocó casi el mismo revuelo que parece que va a causar su retorno. Desde que sus actuaciones cobraron brillo, «unos y otros» han intentado ganárselo, reflexiona una de las fuentes citadas. «Y Baltasar, que es muy listo, se ha dejado».