La izquierda abertzale parece haber interiorizado que el regreso a la legalidad no pasa por la derogación de la ley que proscribió su actividad, una alternativa rechazada taxativamente por el Gobierno socialista, sino por su refundación como organización política. Dirigentes de Batasuna han transmitido a los partidos en las últimas semanas por cauces discretos su disposición a impulsar su legalización ante el Ministerio de Interior con otras siglas y nuevos estatutos, que certifiquen su distanciamiento del uso de la violencia para poder sortear, así, la legislación que les ha imposibilitado concurrir a cualquier cita electoral desde hace tres años. Según fuentes conocedoras de los contactos, los independentistas sitúan en septiembre el inicio oficial de los trámites, lo que no sería incompatible con la escenificación a lo largo del verano de la decisión.

El mensaje trasladado por Batasuna se ajustaría al calendario que tiene en mente el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para avanzar hacia el final del terrorismo: de hecho, los socialistas confían en que si los acontecimientos «no se tuercen», el retorno a la normalidad política de Batasuna -uno de los asuntos delicados del proceso de paz- esté definitivamente encarrilado para el próximo mes de octubre. Pero más allá de las posibles fechas, todas las fuentes consultadas coinciden en dar por hecho que los dirigentes abertzales han «asumido» que tendrán que ser ellos quienes promuevan la legalización, no el Gobierno con una modificación total o parcial de la Ley de Partidos que ahondaría la fractura abierta entre el Gabinete Zapatero y el PP.

«Ya no hablan de la ley», constata un dirigente nacionalista, que lo interpreta como una de las evidencias de que Batasuna «se va a comer este sapo»; es decir, el de ser ella la que inicie los trámites para facilitar su regreso a la vida política sin cortapisas y su concurrencia a las urnas, cuya primera cita son las elecciones municipales de mayo de 2007. «Están dispuestos a recorrer ese camino», coincide un cargo socialista. La ilegalización estará encima de la mesa en la reunión prevista entre la dirección del PSE y el grupo de Otegi, una vez que el presidente Zapatero formalice en el Congreso el inicio del diálogo con ETA.

Ese encuentro supondrá el reconocimiento público de los independentistas como interlocutores políticos, lo que les permitirá realzar su protagonismo sobre todo ante sus militantes más descontentos con la evolución del proceso de paz. Pero no les evitará tener que dar los pasos necesarios para regresar a los márgenes de la ley; una exigencia en la que los socialistas vascos han insistido al confirmarse la cita y que reiterarán cuando ésta se produzca. Según los medios consultados, Batasuna ha dejado en manos de uno de los representantes 'históricos' de la izquierda abertzale y experto penalista, el abogado Íñigo Iruin, la preparación del registro como nueva formación política.

Mesa de negociación

Si los independentistas salvan su proscripción, se despejará, al menos sobre el papel, el camino para constituir una mesa de negociación multipartita en Euskadi sobre el futuro del autogobierno vasco: los socialistas habían supeditado ese foro a que Batasuna volviera a ser legal, un requisito al que el PNV se había mostrado sensible a pesar de su conocida oposición a la Ley de Partidos. Aunque los contactos privados entre las fuerzas políticas -salvo el PP, excluido por voluntad propia- son fluidos, la creación de la mesa con una metodología previamente pactada continúa aún en mantillas, con los distintos interlocutores mirándose de reojo a la espera de que Zapatero acuda al Congreso y la pacificación comience a asentarse.

El tripartito y los socialistas no ocultan una cierta preocupación por cómo han discurrido los acontecimientos esta semana, aunque unos y otros los enmarcan en los altibajos propios de un proceso complicado y espinoso y no creen en peligro el alto el fuego permanente de ETA. Su inquietud parte de la concatenación de hechos producidos en apenas cuatro días: la celebración del juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la operación dirigida por el juez Grande-Marlaska contra el aparato de extorsión de los terroristas y el último comunicado de la banda, duro en su fondo y que trata de interpelar al Gobierno. Tanto fuentes socialistas como nacionalistas admiten que la desafiante estampa de 'Txapote' y 'Amaia' han constituido un testimonio «demoledor» difícil de digerir no sólo por las víctimas de ETA, sino por la opinión pública en su conjunto.

Con la incógnita de la influencia que hayan podido tener esas imágenes en el ánimo de Zapatero para oficializar el diálogo con ETA, el comunicado de la banda ha provocado desagrado en los partidos por la voluntad que trasluce de querer «tutelar» el proceso. En ello vino a incidir en 'Herri Irratia' el líder del PNV, Josu Jon Imaz, que interpretó el documento en claves «pre-Anoeta»; es decir, en los presupuestos previos a la apuesta por las vías políticas protagonizada por Otegi y su grupo hace 18 meses. Todos los medios consultados coinciden en que, en este contexto, sería bueno que el presidente no dilatara más su comparecencia en la Cámara baja.