Si la instrucción posterior del caso confirman las impresiones iniciales del administrador judicial de Fórum Filatélico, que por cierto empeoran las estimaciones efectuadas en su día por la Agencia Tributaria, las cosas pintan mal para los afectados por el escándalo de los sellos. Un desfase de hasta 3.400 millones de euros y un 'stock' de sellos que no alcanza ni el 10% del nivel que sería necesario para poder cumplir con los compromisos adquiridos constituyen un panorama desolador, que muestra en toda su crudeza la magnitud del problema y las dimensiones del desfase patrimonial en que han incurrido los gestores de la empresa.

Desde un principio, se vieron claramente las dificultades que iban a tener los inversores captados para recuperar el dinero invertido en unos activos con escasa liquidez y que se intercambian en mercados pocos transparentes y sin ninguna regulación oficial, allí donde el precio es una variable difusa y confusa. Pero, claro, si encima ni siquiera existen los sellos que se ofrecían como contrapartida de las inversiones, entonces más que ante un mal negocio estamos ante un buen fraude.

Se entiende muy bien la desesperación de los afectados, que observan cómo se diluye sus esperanzas de recobro. Y se comprenden que fijen sus miradas en la Administración, en busca de un apoyo que vaya más allá de la ayuda moral y de la solución de emergencia para algunas situaciones extremas. Pero es un limite que la Administración no puede traspasar. De este caso se podrán extraer conclusiones válidas para evitar su repetición en el futuro, pero ni el entramado legal lo contempla ni la lógica social consienten una actuación mayor.

El Estado no se hace responsable de los atracos cometidos por delincuentes que debería controlar, en calles que está obligado a vigilar y efectuados a personas que no colaboran en absoluto en el atraco. Así que de éste tampoco se hará cargo. i.m.gardoqui@diario-elcorreo.com