Mi madre acaba de morir sin poder cumplir el encargo que le dejó mi padre hace 10 años: recuperar y dar digna sepultura a los restos de su hermano y de tres primos, asesinados y abandonados en una cuneta por las hordas franquistas en septiembre de 1936. De usted depende, señor presidente del Gobierno, que no sea ésa la herencia que mis hermanos y yo tengamos que dejar a nuestros hijos. El Estado democrático tiene obligación de rehabilitar y resarcir a las víctimas de todo poder ilegítimo. Somos las víctimas de un terrorismo brutal y despiadado que permanece impune desde hace 70 años. La fecha límite para asumir esa responsabilidad histórica, impulsando una ley que abra las fosas del olvido, es el 18 de julio. De otra forma, señor presidente, seguiremos condenados a actuar al margen de la legalidad para poder desenterrar los restos de nuestros seres queridos. Confiando en que decida poner fin a esta tremenda injusticia, quedo a la espera de sus noticias.