El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha comenzado esta tarde a tomar declaración a José Carmelo Luquín Vergara, el segundo de los cinco detenidos en España en la operación contra el aparato de extorsión de ETA del martes, y aplazó hasta mañana sábado las tres comparecencias restantes.

Según informaron fuentes jurídicas, el interrogatorio de Luquín, arrestado en la localidad alicantina de Santa Pola, comenzó a las 19:20 horas, a pesar de que estaba fijado para las 17:30 horas, debido a que la abogada de oficio que había sido designada para asistirle llegó tarde a la sede del tribunal. La Fiscalía, que aprecia en los detenidos un posible delito de colaboración con organización terrorista, tenía previsto solicitar el ingreso en prisión de Luquín, según fuentes del ministerio público.

El juez ya ordenó anoche, a instancias de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional incomunicada, acusado de un delito de integración o colaboración con ETA , de Jean Pierre Harocarena Camio, el primero de los detenidos en comparecer en la Audiencia Nacional.

Los otros tres arrestados en España en la operación -otras siete personas, entre ellas el fundador de ETA Julen Madariaga, fueron detenidos en Francia- prestarán declaración ante el magistrado mañana sábado. Se trata de Ramón Sagarzazu e Ignacio Aristizabal, detenidos en la localidad guipuzcoana de Oiartzun, y de Joseba Imanol Elosua, apresado como Luquín en Santa Pola.

Solicitud de la AVT

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicita hoy al juez Grande- Marlaska personarse como acusación popular en esta causa, sobre la que aún no se ha levantado el secreto de sumario.

La operación está directamente relacionada con las investigaciones que durante los dos últimos años se han desarrollado en España y Francia por un Equipo Conjunto de Investigación creado en torno a las actividades criminales desarrolladas por ETA. Estas investigaciones tiene su origen en un sumario abierto en la Audiencia Nacional en 1998 contra la extorsión etarra.

En la operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se ha procedido al embargo de bienes patrimoniales con un valor estimado superior a los 700.000 euros, entre ellos un establecimiento de hostelería regentado por Joseba Imanol Elosúa Urbieta, así como otros inmuebles supuestamente adquiridos con el dinero obtenido a través del impuesto revolucionario.