Dentro de la operación puesta en marcha contra la red de cobro del denominado 'impuesto revolucionario', la Policía española procedió ayer a embargar bienes patrimoniales valorados en más de 700.000 euros, según confirmó el Ministerio de Interior. Entre los inmuebles controlados por mandato judicial se encuentra el bar Faisán, el local desde el que presuntamente se dirigía toda la trama de extorsión y que ha sido clausurado.

El magistrado Fernando Grande-Marlaska también ha ordenado le intervención de varios inmuebles ya que, según los indicios reunidos por las fuerzas de seguridad, «fueron adquiridos con los beneficios obtenidos del pago de la extorsiones» a empresarios vascos.

A lo largo de la mañana, agentes del Cuerpo Nacional de Policía llevaron a cabo el registro de catorce locales en Guipúzcoa y otros dos en Alicante. Por su parte, la Policía gala se encargó de inspeccionar seis domicilios vinculados a los sospechosos arrestados.

Una parte de la operación, de la que se esperan frutos a largo plazo, es el análisis de las cuentas que empleaban algunos de los detenidos. En este sentido, las administraciones española y francesa han bloqueado los saldos de más de medio centenar de cuentas bancarias domiciliadas en entidades financieras de ambos lado de la frontera. Expertos de los dos países están investigando la naturaleza de estos depósitos para intentar determinar si sus ingresos procedían del cobro del chantaje etarra. Asimismo, los técnicos quieren estudiar los movimientos de estas cuentas con la intención de descubrir el destino que la banda podría dar a su dinero. El Ministerio de Interior está convencido de que una de las misiones que tenía encomendada la red desmantelada ayer era blanquear el dinero cobrado a los empresarios y hacerlo desaparecer de los circuitos financieros regulares, para lo que lo trasladaba a paraísos fiscales situados en terceros países. Según algunas fuentes, el resultado de este tipo de pesquisas no será inmediato y podría prolongarse en el tiempo.