Ayer quedó visto para sentencia en Vitoria el juicio de Eva María de Miguel Pérez contra el Departamento vasco de Educación por la vía contencioso-administrativa. La demandante exige 10.600 euros porque el modelo A en el que ha realizado sus estudios no garantiza su euskaldunización. Eva cursa tercero de Enfermería y considera que su nivel de conocimiento de la lengua vasca le puede acarrear el suspenso en una oferta pública de empleo para entrar en Osakidetza.

Con el fin de compensar su déficit de aprendizaje la demandante se matriculó en un euskaltegi, donde gastó 450 euros. El dinero que reclama sale de lo que ella entiende que ha dejado de hacer para aprender mejor el euskera. Para respaldar al Departamento vasco de Educación sólo acudió un abogado de los servicios jurídicos generales del Gobierno vasco. En cambio, por parte de Eva testificó un amigo euskaldun y Edurne Larrañaga, que pertenece a la asociación Euskalherriak Bere Eskola, un grupo que ha recogido firmas «a favor de un sistema educativo vasco y por la euskaldunización en la escuela».

El letrado del Gobierno vasco se limitó a declarar que «tal como están concebidos los modelos lingüísticos, nadie está obligado a salir con el EGA». El que defiende los intereses de Eva se basó en el artículo 18 de la Ley de la Escuela Pública, que habla del derecho de los ciudadanos a defenderse en los dos idiomas oficiales de la comunidad en todos sus ámbitos cotidianos. El abogado de Eva entiende que un fallo a favor de su representada podría suponer «una cascada, un terremoto».