Los intereses contrapuestos del Gobierno, los sindicatos y los empresarios han impedido que la reforma de las pensiones que han acordado -y que firmarán en los próximos días- haya abordado objetivos más ambiciosos, que amplios sectores defienden para afianzar el sistema a largo plazo. El Ejecutivo y los agentes sociales han pactado una serie de medidas sobre la Seguridad Social que, si bien permiten solventar algunos desajustes, dejan pendiente esa actuación de gran calado que diversas instituciones y expertos reclaman como respuesta a la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, y que entrañaría iniciativas tan drásticas como el retraso de la edad de jubilación o alguna fórmula para reducir la cuantía de las prestaciones. Pese a todo, el consenso abre la puerta a cambios trascendentales en la pensión de viudedad o la simplificación de regímenes.

Las modificaciones consensuadas han generado críticas desde diversos ámbitos. En unos casos, por considerar que suponen un recorte inasumible -ELA, LAB, un sector de CC OO y otras centrales-; y, en otros, por verlas insuficientes para resolver los problemas que surgirán en el futuro.

Incluso alguna de las partes firmantes del acuerdo no duda en calificarlo de 'mini-reforma'. Sin embargo, tiene un gran mérito, que está en el origen de su limitado alcance a corto plazo: llega avalado por un amplio consenso social.

El documento pone la primera piedra para una reforma radical de las pensiones de viudedad. Además, fija criterios restrictivos para acceder a esta prestación con el fin de evitar picarescas y clarifica el derecho a la misma de las parejas de hecho, que no tendrán que recurrir a los tribunales para conseguirlas a partir de ahora. A largo plazo, anuncia una cambio de la normativa para los nacidos a partir del 1 de enero de 1967, que irá con toda probabilidad a suprimir esa pensión en los casos en que los beneficiarios no la necesiten.

Menos regímenes

Tendrá también una gran importancia en el futuro la decisión de simplificar los regímenes -al final quedarán el 'general' y el de 'autónomos'-, que supondrá variaciones significativas en las cotizaciones de importantes colectivos de trabajadores, como los del sector agrario y los empleados de hogar.

También abre la puerta a la reducción de la edad de jubilación de nuevos colectivos con empleos penosos o peligrosos, aunque deberán hacerse antes estudios para determinar su alcance; y 'encarece' el acceso a una prestación pública al exigir 15 años de cotización frente a los 12,5 actuales.

EL CORREO ha contactado con dos partes que sostienen posturas enfrentadas sobre el alcance de la reforma. Por un lado, el secretario confederal de UGT Jesús Pérez, uno de los artífices del acuerdo; y, por otro, Diego Valero, presidente de la consultora de pensiones Novaster, la única independiente de capital español, con una amplia experiencia en esta materia, en la que ha asesorado a algunos países. El primero defiende los cambios como equilibrados y oportunos. El segundo les da la bienvenida, pero considera que se quedan demasiado cortos para lo que reclaman la situación demográfica del país, que elevará sustancialmente el número de pensionistas en el futuro.