La actuación de grupos de delincuentes altamente 'cualificados' y muy organizados está poniendo a prueba en los últimos tiempos la coordinación entre las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos. Y, lamentablemente, en algunos casos se descubren preocupantes disfunciones. Miembros de una banda de atracadores detenidos por los GEO cuando iban a robar en una sucursal bancaria de Madrid, y a quienes la policía atribuye más de una docena de atracos, quedaron en libertad menos de una semana después de haber sido atrapados. La instructora acordó la medida al no pedir la acusación pública el ingreso en prisión. La Fiscalía se escuda en que la Policía no aportó pruebas incriminatorias directas. Ante esto, y pese a que portavoces jurídicos han culpado a los agentes de realizar una actuación precipitada en busca de un éxito mediático, los responsables de las Fuerzas de Seguridad no han ocultado su decepción por el desenlace fallido de su trabajo de investigación y detención de unos presuntos atracadores considerados, además, muy peligrosos. La Fiscalía General del Estado, a instancias del Ministerio de Justicia, intenta ahora arreglar el desaguisado, tal vez demasiado tarde.

Es verdad que en ocasiones se levantan falsas expectativas sobre presuntos éxitos policiales que se ofrecen con anticipación y a la búsqueda de rédito político, antes incluso de obtener los medios probatorios concluyentes; o que, para complicar los ya evidentes problemas de coordinación entre Policía, Judicatura y Fiscalía, este caso concreto se ha planteado como un macroatestado en el que se imputan nada menos que 15 delitos en distintas provincias, lo que genera un problema de competencia judicial. También es cierto que un juez no puede dictar prisión sin petición del fiscal, pero no lo es menos que éste también está vinculado a la legalidad y que en el presente caso había circunstancias objetivas y un evidente riesgo de fuga y destrucción de pruebas que justificaban la petición. El desafío que representan para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la estructura judicial las nuevas formas de organización y profesionalización de las bandas criminales debe ser afrontado urgentemente desde las instituciones con una adaptación de métodos de trabajo y, especialmente, con una máxima coordinación. Algo que en esta ocasión no se ha conseguido.