El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por unanimidad una declaración en la que censura al Gobierno de Vitoria por citar al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, para que comparezca en el Parlamento y explique por qué se ha admitido a trámite una querella del Foro Ermua contra el lehendakari al percibir una posible comisión de delito en la reunión que Juan José Ibarretxe mantuvo el 19 de abril con dirigentes de Batasuna. Los grupos que sustentan el tripartito -PNV, EA y EB- registraron precisamente ayer la solicitud de comparecencia en la Cámara vasca, asunto que ahora deberá ser resuelto.

El pleno del CGPJ reconoce sentirse «en la obligación» de respaldar a los jueces vascos que han aceptado la denuncia y recuerda al Ejecutivo autónomo, en un escueto texto, que la petición de llamar al presidente del Tribunal Superior para que acuda al Parlamento «no tiene amparo en nuestro ordenamiento constitucional» al ser Fernando Ruiz Piñeiro uno de los «magistrados integrantes del órgano judicial» que tomó la decisión.

La declaración ratificada por todos sus miembros -algo poco habitual en los últimos años en un órgano marcado por la división entre los sectores progresista y conservador- realiza, asimismo, una clara «defensa de la independencia judicial». El CGPJ insiste en la inconstitucionalidad de la medida, aunque reconoce el derecho a que se puedan efectuar «las legítimas críticas a las decisiones judiciales» que, según especifica, «deben hacerse con la mesura exigible y sin perjuicio de los pertinentes recursos».

El máximo órgano judicial expresa de esta manera su malestar ante las últimas críticas recibidas por la judicatura vasca, al entender que el Ejecutivo de Lakua pretende condicionar la labor de los magistrados. La actitud del tripartito suscitó preocupación en el CGPJ, hasta el punto de que efectuaron incluso un receso en el orden del día del pleno para abordar esta cuestión.

La declaración unánime salió adelante tras un debate previo, ya que la minoría progresista mostró algunas reticencias a la censura que el Consejo General proponía efectuar al Gobierno Ibarretxe. El vocal para el País Vasco Javier Martínez Lázaro -miembro de Jueces para la Democracia- presentó, en este sentido, un documento alternativo en el que, junto a los reproches al Gabinete del lehendakari, se incluía una referencia al proceso de paz, que finalmente quedó fuera del texto.

Tras varias consultas, los diferentes sectores que componen el CGPJ optaron por suscribir una nota que representara a todas las sensibilidades del órgano judicial. La unanimidad con que se aprobó la declaración se vio acompañada por dos votos particulares concurrentes, los de Juan Pablo González -vocal para el País Vasco e integrante de la mayoría conservadora- y de Félix Pantoja -propuesto por Izquierda Unida-. El primero fundamentó su voto en la necesidad de suscribir un texto algo más duro al percibir que el Gobierno vasco no sólo menoscaba la independencia judicial, sino que también se produce una quiebra de la separación de poderes. Pantoja, por su parte, no explicó su postura, aunque se mostró favorable a una declaración menos contundente.

«Línea infranqueable»

Los tres partidos que sustentan el Ejecutivo autónomo presentaron ante el Registro del Parlamento la petición para que Fernando Ruiz Piñeiro comparezca ante la Cámara, cuestión que deberá ser aceptada en la comisión de Instituciones e Interior. Firmada por Joseba Egibar (PNV), Unai Ziarreta (EA) y Antton Karrera (EB), la solicitud sostiene la necesidad de que el presidente del Tribunal Superior explique «la línea infranqueable» que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben mantener en el desarrollo de sus tareas en función de «la regla básica de separación de poderes». Además, conmina a Ruiz Piñeiro a explicitar «si entiende que el diálogo, como base para conseguir la paz y normalización del País Vasco», entre el lehendakari y el resto de fuerzas y «personas que se encuentran en el pleno ejercicio de sus derechos y deberes entra o no» entre sus funciones, «independientes del control de cualquier poder judicial».