El lehendakari ofreció ayer su primera valoración en el extranjero del incipiente proceso de paz abierto en el País Vasco. Lo hizo en Washington desde el escaparate que le ha proporcionado el Instituto de la Paz de Estados Unidos, un organismo independiente promovido por el Congreso del país norteamericano en favor de la resolución de contenciosos internacionales por vías pacíficas. En ese escenario, Juan José Ibarretxe pronunció una conferencia en la que se mostró convencido, una vez más, de que ésta constituye una «oportunidad histórica para solucionar el último conflicto político de esta naturaleza en Europa», volvió a trazar una línea divisoria entre el final de la violencia y la normalización, y describió el camino -con sus «dificultades»- hacia el logro de ambos objetivos. Ibarretxe rescató su plan de libre adhesión a España y lo situó entre los cuatro factores que han propiciado el alto el fuego permanente de ETA.

El jefe del Ejecutivo de Vitoria se refirió al fallido proyecto de nuevo Estatuto de manera tangencial, aunque su alusión evidencia la trascendencia que sigue concediéndole aunque permanezca esquinado desde el revés de las autonómicas de 2005. Ibarretxe atribuyó el gesto de distensión de la organización terrorista a «la presión de la sociedad vasca», a la persecución «política, policial y judicial» contra «todo tipo de terrorismo» tras el atentado contra las Torres Gemelas, el impacto en España del 11-M y, por último, «el nuevo escenario abierto» en Euskadi a raíz de la aprobación del plan en el Parlamento. El lehendakari constató ante su auditorio que el proyecto fue rechazado por las Cortes, pero aseguró que «ha sentado las bases para solucionar el conflicto vasco». Una tesis en la que incidiría en otro momento de su conferencia, en la que insistió, a preguntas de los presentes, en que su iniciativa no propugnaba «ninguna ruptura» con el Estado.

«Pueblo milenario»

Antes, Ibarretxe había presentado a los vascos como uno «pueblo milenario» dividido en siete territorios, con la lengua «más antigua» de Europa y aupado a la «vanguardia» económica del continente. Junto a ello, dibujó un breve recorrido histórico en el que remontó de nuevo el conflicto político a la abolición de los Fueros, hace «170 años», y en el que se refirió al surgimiento de ETA como «una respuesta violencia frente a la dictadura militar similar a otros movimientos de liberación nacional de la época». El presidente vasco citó a los 859 muertos y a los miles de heridos, amenazados y extorsionados en su balance de estos 40 años de violencia, en el que incluyó al millar de detenidos, los «asesinatos selectivos» de militantes etarras, el cierre de medios de comunicación e, implícitamente, la ilegalización de Batasuna.

Ibarretxe, que pasó de puntillas sobre la Constitución y el Estatuto, mencionó las negociaciones emprendidas por el Estado con ETA en Argel y durante la tregua de 1998, y las consideró fracasadas por haber «confundido» paz y política. Tras reconocer a Zapatero un «talante más favorable al diálogo» que el de Aznar, identificó como los principales obstáculos para el final del terrorismo la «falta de flexibilidad» de la política penitenciaria y las posibles reacciones violentas de los «descontentos». En cuanto a la solución política, la «llave» pasa -reiteró- por el reconocimiento y el ejercicio pactado del derecho a decidir, que es «inherente a todos los pueblos de la tierra» y no sólo a las colonias.

Ibarretxe, que se apoyó en precedentes como Quebec o Montenegro, volvió a abogar por un acuerdo en Euskadi «integrador», aunque siguió limitando la negociación con el Estado a la incorporación al ordenamiento jurídico de lo que decidan antes los vascos en consulta. El lehendakari concluyó recalcando el papel «fundamental» de la comunidad internacional en la búsqueda de la paz y reiteró su petición a la ONU para que avale el proceso, tal y como han hecho la UE o el Papa Benedicto XVI.