La Mesa del Parlamento Vasco acordó ayer pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara y al interventor general antes de decidir sobre el mandato del Tribunal Supremo que reclama las subvenciones no abonadas al grupo Sozialista Abertzaleak. Los jueces reclaman los 692.000 euros retenidos a SA para destinarlos a fines sociales.

Este dinero fue retenido en la anterior legislatura tras la ilegalización de Batasuna. El entonces presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, no disolvió el grupo pero sí retuvo su subvención.

En la reunión de ayer, la presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao, propuso consultar a los servicios jurídicos la manera de dar respuesta a la petición del Supremo. PSE-EE, EA y EB asumieron la iniciativa de Bilbao, al considerar que existen «dudas razonables» sobre cómo obedecer al Supremo. Por su parte, el secretario primero de la Mesa, el dirigente del PP Carmelo Barrio, fue el único que no respaldó la medida de la presidenta al considerar que «el Parlamento Vasco está obligado a pagar».