La esperanza que suscita la verificación positiva del alto el fuego de ETA contrasta con la negativa de Batasuna a proceder a su propio desarme verbal y con el enconado enfrentamiento que protagonizan socialistas y populares después de que el secretario general del PSE, Patxi López, hiciera público un próximo encuentro con los dirigentes de la izquierda abertzale. El anuncio realizado en el Congreso por Mariano Rajoy de que el PP «rompe toda relación con el Gobierno» mientras éste no rectifique en su propósito de dar inicio al diálogo con ETA y de avalar el contacto de los socialistas vascos con la izquierda abertzale es una respuesta excesiva e inapropiada en tan delicado asunto. La decisión del presidente de no dar ayer «la señal» para el inicio formal del contacto con ETA ofrece un mínimo resquicio para que se acorte la distancia que separa al PP de la iniciativa gubernamental. Aproximación de la que no sólo depende la solidez del Estado frente a las pretensiones de ETA, sino también la capacidad de reacción del Gobierno ante la indeseable eventualidad de que la banda terrorista se resista a poner fin a su existencia.

A lo largo de los últimos veinte años las instituciones y los partidos democráticos han ido dibujando las líneas rojas que el Estado de Derecho no debía traspasar ni siquiera con el voluntarioso objetivo de acabar cuanto antes con la amenaza etarra. La negativa a someterse al dictado terrorista o a negociar con ETA sobre el futuro político de los vascos constituye la prohibición más nítida, secundada por todas las formaciones parlamentarias. Una exigencia que ha de prevenir no sólo los supuestos más explícitos de claudicación frente al terror. También ha de evitar aquellas situaciones en las que los terroristas o sus voceros aparezcan trazando el rumbo de los acontecimientos o en un plano de equiparación con los representantes legítimos de la ciudadanía y las instituciones del Estado. El reconocimiento del papel institucional que corresponde al presidente de Gobierno exige aceptar su palabra cuando señala que «hay bases sólidas para abordar un proceso de paz» y su promesa de que «nunca tendrá precio político». Pero la confianza solicitada por Rodríguez Zapatero ha de basarse en una gestión menos equívoca y más atenta a las inquietudes que el anunciado diálogo con ETA y con la izquierda abertzale suscita en amplios sectores de la opinión pública.

El Gobierno tiene contraídas obligaciones de comunicación y claridad hacia el primer partido de la oposición, partido con el que los socialistas rubricaron el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. Pero sobre todo tiene contraído un deber respecto a la sociedad en general y, en especial, respecto a quienes más han padecido la implacable crueldad del acoso terrorista. La opinión pública puede ser comprensiva y paciente ante las iniciativas que adopte el presidente Rodríguez Zapatero para hacer irreversible el alto el fuego de ETA. Sin embargo, el reconocimiento de la ausencia de violencia como un bien apreciable en sí mismo no puede acabar orillando el modo en que, en el mejor de los casos, ETA decida renunciar definitivamente al terrorismo. Las instituciones del Estado no pueden mostrarse indiferentes al ademán satisfecho con el que los dirigentes de Batasuna, tratando de eludir toda apariencia de derrota, se dirigen hacia sus bases, poco menos que proclamando el sometimiento de los gobernantes a sus pretensiones negociadoras. El dolor que tales actitudes provocan en las víctimas del terrorismo es mucho más que un sentimiento humano merecedor de comprensión y solidaridad. Advierte del riesgo cierto de que la sociedad vasca acceda al final definitivo de ETA afectada por un olvido prematuro que, aun indirectamente, acabe archivando los asesinatos y la persecución ideológica como episodios deplorables de una historia de desencuentros, sin más.

Una sociedad informada, en la que la convivencia está regulada por normas constitucionales, no puede asistir complaciente o impotente al intento de ETA y de la izquierda abertzale de zafarse públicamente, sacudiéndose las culpas por el irreparable mal causado como trueque del final del terrorismo. El Gobierno tiene el cometido indeclinable de poner fin y para siempre a la violencia etarra. Pero también la responsabilidad de defender en su discurso y en sus acciones los valores de la democracia sin que quepa ni un asomo de duda sobre cuáles son los fundamentos del Estado de Derecho. Porque la perpetuación del terrorismo y de sus postulados totalitarios en Euskadi ha sido posible gracias también a su capacidad para alienar esos lugares comunes que tantas veces han presentado el terrorismo como emanación de un contencioso pendiente y hoy tratan de conducir el cese de la actividad violenta hacia la aceptación de las condiciones que pretenden los terroristas. El gran acierto en la gestión del llamado 'proceso de paz' consistirá en que el Ejecutivo y el conjunto de las fuerzas democráticas consigan no cometer errores. Pero para ello resulta imprescindible que dichos protagonistas y en especial el presidente de Gobierno sean plenamente conscientes de los riesgos que implica todo diálogo con la trama etarra; y que lo sean también atendiendo a las críticas razonadas y a la preocupación que en un momento y otro pueda suscitarse en el seno de la sociedad democrática.