El Consejo Económico y Social de (CES) de Euskadi ha rechazado en dos dictámenes aprobados ayer los cambios propuestos por el Gobierno vasco en la regulación de las entidades de previsión social voluntaria (EPSV), la versión autonómica de lo fondos de pensiones. El organismo sociolaboral, en el que están presentes empresarios, sindicatos y otras entidades económicas y sociales, se pronunciaba así sobre sendos proyectos de decreto con los que el Ejecutivo quiere desarrollar el Plan de Previsión Social Complementaria, aprobado el pasado 10 de enero.

El primero regula las ayudas económicas para favorecer la implantación y extensión de las EPSV de empleo, que el Gobierno quiere que lleguen al 70% de los trabajadores. El CES considera «inadecuada» la propuesta, porque, entre otras cuestiones, «contradice y excede» tanto la justificación de las medidas como el objetivo propuesto, «fomentando una determinada y específica tipología de EPSV ajena a la ley básica», que data de 1983. Denuncia, además, que el decreto provoca «inseguridad jurídica» al no estar contemplados sus supuestos en la citada ley. Así mismo, aboga porque sea en la negociación colectiva donde se adopten las decisiones sobre las cuantías y las formas de las aportaciones.

Sector homogéneo

El segundo dictamen se refiere al decreto que regulará diversas actividades de las EPSV como la gestión o la participación. El CES sostiene que donde la ley concibe un sector «homogéneo», el Gobierno vasco quiere diseñar «regímenes distintos» no contemplados en la normativa vigente, «sin que se justifiquen las razones». Critica, además, la «ambigüedad» del lenguaje; que no fije criterios objetivos para regir una determinada actuación; que otorgue un «régimen privilegiado» a algunas EPSV sin razones que lo justifiquen, y que establezca limitaciones y prohibiciones «cuestionables», que no tienen en cuenta la realidad existente.

Por todo ello, el organismo es contrario a la tramitación del decreto, al considerar que la fórmula reglamentaria utilizada no es la correcta para adecuar la regulación existente de las EPSV a la realidad del sector. Su aprobación, concluye tajante, «sólo traería contradicciones, ambigüedades, inseguridad jurídica e indefensión legal».

El sindicato LAB emitió un voto particular en el que rechaza el «diagnóstico interesado» de la situación , de «marcado signo neoliberal», y recuerda que ya existe un marco regulador con fuertes incentivos que costarán al erario público vasco -asegura- 388,8 millones de euros durante este año. No comparte el sistema de ayudas porque considera que financia pensiones privadas con recursos públicos.