El pasado abril se cerró la central nuclear de Zorita, que Franco había inaugurado hace 37 años. «La patria entra en la era atómica de la mano del Caudillo», tituló la prensa de la época la efeméride. Después vinieron los accidentes, los más graves los de Three Mile Island y Chernobil. Y con ellos llegó, en 1994, la moratoria nuclear, que supuso la pérdida de 729.000 millones de las antiguas pesetas, cuyo importe se hizo recaer, en cómodos plazos, sobre las siempre sufridas espaldas de los usuarios. Desde entonces, la energía de origen nuclear ha experimentado un paulatino declive, hasta situarse en torno al 20% de la producción eléctrica. Su futuro es una incógnita considerando las dudas del PSOE y el rechazo de los españoles. En una reciente encuesta del Eurobarómetro, sólo el 4% declaraba ser partidario de su uso, frente al 12% para el conjunto de la Unión Europea.

Pero el debate nuclear no está cerrado. Sus defensores han encontrado nuevos argumentos con la escalada del precio de los combustibles fósiles y con la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, que ha encarecido las tecnologías de generación basadas en esos combustibles. Además, tras el corte del suministro de gas de Rusia a Ucrania, Europa ha tomado conciencia de los riesgos de su falta de autonomía. El caso de España es aún más grave, dada nuestra mayor dependencia energética y nuestro marcado alejamiento de los objetivos de Kioto. Algo a lo que tampoco son ajenos la decidida apuesta en favor de las centrales de gas natural y el tradicional despilfarro eléctrico, alentado por una política de tarifas autista. Cabe preguntarse si éste es el modelo que, en los próximos veinte años, nos garantizará una electricidad competitiva, segura y respetuosa con el medio ambiente.

Este entorno ha hecho renacer la opción nuclear, bien sea ampliando la capacidad de generación (Francia, Finlandia), alargando la vida de los reactores existentes (Estados Unidos) o simplemente abriendo el debate a la sociedad (Reino Unido). Las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero, su suministro está asegurado y sus costes variables son comparativamente bajos. Su sustitución por centrales térmicas aumentaría nuestra factura energética -incluyendo la importación de hidrocarburos y la compra de derechos de emisión de CO2- entre 3.500 y 6.200 millones de euros anuales. Además, la energía nuclear ofrece garantía de potencia las 24 horas del día, algo que no ocurre con las renovables (eólica, solar), que, aunque presentan grandes ventajas medioambientales, no son seguras. No soportan la punta de la demanda que se registra en las olas de frío y de calor, que es cuando más se necesita atender el consumo.

Pero la energía atómica, como se han encargado de subrayar sus detractores, también adolece de serios inconvenientes. Las centrales no son seguras; la probabilidad de un accidente en un escenario de reanimación mundial del programa nuclear es inaceptablemente alta. Se asume, además, una responsabilidad ética frente a las generaciones futuras, ya que una parte de los residuos seguirán emitiendo radioactividad miles de años después de desmantelar el reactor. Todo ello, sin olvidar los peligros de proliferación de armas nucleares a que nos conduciría un programa en la que estuvieran involucrados más de cuarenta países; algunos de ellos, de muy dudosa legitimidad democrática. Aún así, desde un punto de vista tecnológico, esos riesgos probablemente sean más fáciles de minimizar que los efectos del cambio climático al que contribuyen otras alternativas.

La energía nuclear sólo tendrá éxito a largo plazo si es capaz de producir electricidad a un coste inferior al de las tecnologías competidoras. Desde esta perspectiva, la mejor opción es alargar la vida de las centrales más modernas y seguras, ya que su coste es menos de la mitad del de cualquiera de las restantes alternativas. Por otra parte, la mayoría de los estudios realizados sugiere que las de nueva construcción también serán competitivas; especialmente si, como ocurre en Francia, se realizan dentro de un programa masivo y estandarizado. Pero esos resultados hay que tomarlos con cautela. Estamos hablando de inversiones con un horizonte temporal de 35-40 años. Y en ese lapso pueden pasar muchas cosas, incluyendo cambios en el marco legal. En estas circunstancias va a ser muy difícil encontrar inversores dispuestos a afrontar tamaña aventura sin subvenciones públicas, tal y como sucede con las energías renovables.

No existe tecnología perfecta, lo cual significa que deben coexistir un buen número de ellas a fin de minimizar los riesgos de un futuro incierto. En este cóctel no podemos renunciar a la opción nuclear, aunque sólo sea porque no emite gases de efecto invernadero. Probablemente haya que aceptarla como una fórmula de transición hasta que seamos capaces de explotar comercialmente la tecnología del hidrógeno, que es una fuente de energía limpia y abundante en la naturaleza. Lo que se precisa es una decisión política, que no se produce por los compromisos y alianzas que atenazan al partido del Gobierno. También se echa en falta una labor pedagógica para que la opinión pública tome conciencia de los problemas energéticos que padece nuestro país. Y nada mejor para ello que dejar que las tarifas eléctricas recojan la subida del precio de los combustibles, permitiendo así que alternativas de menor coste, como la nuclear, tengan una oportunidad en el mercado.