Y si no, no hay proceso». Ésta es la coletilla amenazante que se ha puesto de moda entre los portavoces de la izquierda abertzale cuando formulan su chantaje a las instituciones democráticas. Así las gasta la extinta y ahora resucitada Batasuna para advertir que no plegarse a sus exigencias, que negarse a seguir como ganado lanar la ruta marcada en los designios que comparten con sus mayores de ETA, tiene consecuencias.

Batasuna ha pasado de la disolución judicial a la amenaza impune, de experimentar la desbandada interna y el vacío social como efecto fulminante de la aplicación de la ley a recibir la consideración de actor imprescindible en el 'proceso' que ETA y sus círculos concéntricos de la izquierda abertzale han convertido en rehén frente a un Gobierno que ha hecho de ésta su apuesta decisiva en la legislatura. Más aún, el fiasco con que se ha saldado la operación estatutaria en Cataluña, cuyo coste político para el Gobierno podría aumentar con un resultado mediocre en el próximo referéndum, deja el denominado proceso de paz como el único empeño político de calado que pueda acreditar la confianza en Rodríguez Zapatero para su reelección con una mayoría más amplia. En los ámbitos políticos y de opinión más cercanos al Partido Socialista -y, probablemente, entre los propios socialistas- ya domina la idea de que Rodríguez Zapatero lo juega todo en esta apuesta y que si resultara fallida, su continuidad quedaría seriamente comprometida.

Debería ser un motivo serio de reflexión esclarecer cómo el Gobierno, y singularmente su presidente, han llegado a esta situación de vulnerabilidad frente a lo que ETA y Batasuna puedan decidir en torno a la apertura, el calendario, el contenido o las mesas de un proceso de paz que, paradójicamente, los pistoleros y su brazo político han convertido ya en argumento de amenaza. No puede considerarse normal, ni necesario en aras de la paz, que una banda terrorista al borde de su derrota social, operativa y política haya adquirido en este escenario una posición en la que se le atribuye tener en sus manos -o, mejor, en sus pistolas- semejante poder. Si fuera así -e insisto que este es un análisis que puede leerse a diario- es que el escenario está radicalmente mal diseñado; que la función no se corresponde con lo anunciado al público; que los papeles están cambiados y que el autor de la trama se ha perdido.

Es en este contexto, más que inquietante, en el que adquiere todo su sentido patológico y chulesco la última y más reciente amenaza de Batasuna de «bloquear el proceso» si los miembros de su dirección -recuérdese, disuelta- ingresan en prisión tras ser citados a comparecer ante la Audiencia Nacional.

Hay dos maneras de eludir la reflexión propuesta. Ambas igualmente equivocadas pero provisionalmente eficaces. La primera es sentenciar que lo que ETA y Batasuna declaran es simplemente 'para consumo interno'. Habría que saber cuántos de los que zanjan las dudas de manera tan concluyente pondrían la mano en el fuego para avalar lo que dicen. El Gobierno, en todo caso, no debería ponerla.

Desde el escueto comunicado de declaración de alto el fuego hasta la entrevista de 'Gara' pasando por el último boletín interno de ETA, el número 110 de 'Zutabe', ETA insiste en negar la viabilidad de un proceso de negociación o diálogo 'técnico' que concluya con el abandono de las armas mediante concesiones en relación a los presos. Esta sería lo que ETA descalifica como una 'paz sin contenidos' desvinculada del conflicto histórico que la banda reclama como coartada de su existencia y su trayectoria criminal. Seguro que sería útil al Gobierno que los veteranos del Partido Nacionalista Vasco que protagonizaron el pacto de Estella recordaran si ETA hablaba para consumo interno cuando la banda marcaba el paso a los nacionalistas y les recordaba de qué iba aquello. ETA, desde luego, no hablaba para consumo interno cuando declaró rota la tregua culpando a los que hasta entonces habían sido sus socios en Estella de haber dejado pudrir el proceso. «El proceso que comenzó el año pasado -decía ETA el 28 de noviembre de 1999- está sufriendo un claro bloqueo y se está pudriendo».

Reducir las declaraciones de ETA a una mera filfa para tener entretenidos a un grupo de terroristas ociosos o dar tema de conversación a los activistas abertzales en la herriko taberna es mucho suponer. Creer que la banda va a contemplar cómo los que han sido sus testaferros se erigen en los grandes beneficiarios de la situación es mucho creer. Lo que ETA dijo apoyar como estrategia negociadora -y el Gobierno recibió con gesto de aprobación- es la 'oferta de Anoeta', formulada por Otegi en noviembre de 2004 que se basa en dos «espacios diferenciados de negociación». Espacios diferenciados, no estancos; es decir, dos mesas, una en exclusiva con ETA para negociar presos y 'desmilitarización', y otra de negociación política con agentes políticos vascos -entre los que ETA siempre se ha incluido- cuya rápida constitución ETA y Batasuna reclaman ya con premura.

La otra manera de evitarse el trabajo de reconsiderar este rumbo, consiste en endosarle la culpa al Partido Popular ya que sería el supuesto desmarque de este partido de su responsabilidad de apoyar sin reservas al Gobierno el que estaría contribuyendo a dejar a la intemperie a aquél frente a la presión etarra. Pero el recurso a la culpabilización del PP es ya demasiado frecuente y, además, contradictorio con el propio discurso oficial. Porque no puede creerse que un partido al que todos los días se le recuerda su soledad e irrelevancia, pueda tener esa influencia decisiva que el Gobierno le atribuye.

Por otra parte, nada indica -todo lo contrario- que Mariano Rajoy haya retirado su apoyo a Rodríguez Zapatero según lo comprometió, es decir para que el Gobierno no se viera forzado a pagar precio político alguno por el cese definitivo del terrorismo. El compromiso de Rajoy parece encajar como un guante en lo que el Gobierno puede legítimamente demandar ahora de una oposición responsable, esto es, dejar claro a ETA y Batasuna que, a pesar de sus amenazas, no van a doblar el brazo del Estado de Derecho, ni de las reglas del juego de la democracia que, ciertamente, no contemplan que los terroristas sean premiados por dejar de matar.

Otra cosa es que la necesidad de compartir denominadores comunes en estas circunstancias no sea por sí misma suficiente para normalizar la relación entre el principal partido de la oposición y un Gobierno cuya estrategia frente al PP consiste precisamente en negarle ese papel real de interlocutor necesario, y crear en torno a él un circulo de aislamiento de peones nacionalistas con mucha hambre atrasada que Rodríguez Zapatero ha demostrado estar dispuesto a aliviar. Cuando el 17 de mayo del año pasado el Congreso aprobó la resolución promovida por el Partido Socialista sobre la negociación con ETA, con el apoyo de Izquierda Unida y los grupos nacionalistas, el Gobierno sabía -o debería haberlo sabido- que cambiaba el respaldo de 312 diputados, por el apoyo de 202. Pero no sólo se trata de esa deliberada e incomprensible reducción voluntaria del apoyo al Gobierno en términos cuantitativos, sino de la calidad de sus nuevos socios en la política frente a ETA, entre los que se incluyen desde entonces todos los firmantes del pacto de Estella con representación en el Congreso.

Rodríguez Zapatero ha considerado el presente escenario como el mejor para que, según sus palabras, la política ayude al fin de la violencia. Paralelamente, su interés por recomponer la relación con el PP parece bastante modesto. Y ésa es una actitud que debe abandonar para asumir la responsabilidad que como presidente del Gobierno le corresponde en la forja de un consenso crucial para todos. El objetivo consiste en que 'si no hay proceso' los que se tengan que preocupar seriamente por su futuro sean ETA y Batasuna; no el Gobierno, ni los ciudadanos, ni las instituciones de la democracia.