El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, en contestación a la petición hecha por el Papa al nuevo embajador español ante el Vaticano, ha vuelto a demostrar la prepotencia de un Gobierno que, encabezado por su presidente, ha querido hacer gala de tolerancia y los hechos demuestran que no le sale. Nadie discute que en el Estado democrático las leyes aprobadas por el Parlamento expresan la soberanía popular. Pero ello no justifica el deseo de reducir al silencio la voz de los obispos o la opinión de los creyentes. Sería una discriminación intolerable, antidemocrática y contraria a la imagen que transmite de sí mismo un Gobierno que se proclama intérprete de la voluntad general.

Por lo demás, llama la atención que entre los ideólogos del nuevo enfoque se encuentre uno de los ponentes de la norma fundamental, que durante años ha manifestado públicamente su posición sobre la compatibilidad entre socialismo y cristianismo. Sin embargo, predomina una concepción ideológica militante, que busca quizá una bandera común para atraer a las diferentes y heterogéneas formaciones de la izquierda. El rechazo generalizado debe ser motivo de reflexión para un Gobierno que pretende consolidar su precaria mayoría a base de la yuxtaposición de múltiples minorías, en perjuicio de una sociedad moderna que ha sabido superar viejas querellas, pero que con estos y otros hechos el Gobierno pretende que vuelvan a aflorar. Tenemos un claro ejemplo con el intento de resucitar la II República y el Frente Popular de infausto recuerdo. A veces las actuaciones prepotentes son signo de debilidad.