Mariano Rajoy demostró ayer su identidad de criterio con su 'número dos', Ángel Acebes, al reiterar que el presidente del Gobierno no cuenta con la complicidad del PP para ningún tipo de negociación con ETA y puntualizó que no admitirá siquiera la excarcelación de un preso. El aviso público llegó con varios días de retraso, pero el presidente del partido opositor fue tajante e incluso eligió las mismas palabras que utilizó el lunes su secretario general para despejar toda duda sobre cuál es la línea oficial. Además, volvió a exigir una respuesta jurídica y política del Gobierno para plantar cara a Batasuna.

«El Gobierno no tiene el aval de mi partido para negociar nada con ETA porque, si no, estamos legitimando el terrorismo para hacer política», proclamó en su discurso ante el grupo municipal del PP de Madrid. Rajoy repitió la doctrina en la que se basa su posición desde la proclamación del alto el fuego, cuando se puso al lado del Ejecutivo para acabar con la banda y comprobar que ha decidido dejar las armas, «pero no pagar un precio político o poner un preso en la calle», advirtió ayer.

De manera implícita admitió que el gabinete socialista establezca contactos con ETA, siempre a los efectos de verificar el abandono de las armas, «que fue lo que nosotros hicimos y para lo que pedimos autorización en 1999», afirmó, en referencia a las conversaciones que mantuvieron en Suiza tres representantes del Gobierno de José María Aznar con miembros de la banda armada.

A través de las declaraciones de dirigentes de su partido o personalmente, como hizo en su intervención de ayer, el líder de la oposición pretende marcar a José Luis Rodríguez Zapatero el camino por el que debe moverse en este proceso si quiere ir de la mano del Partido Popular. Rajoy se remitió a la época en la que gobernaba Aznar y ETA proclamó una tregua, en 1998, y explicó que vivió de primera mano todos los movimientos que se hicieron desde el gabinete del que formaba parte. «Conozco los antecedentes», apuntó. «Sé como se hicieron las cosas», añadió, para asegurar a continuación que conoce las diferencias entre el comportamiento del gobierno de entonces y el actual.

«El PP sí compartió»

El líder del PP transmitió así su disconformidad con la relación que ha establecido José Luis Rodríguez Zapatero con el partido opositor porque le gustaría poder acordar con el Gobierno los pasos a dar de forma conjunta frente a las demandas o movimientos de ETA. «Nosotros compartimos con la oposición los objetivos y el seguimiento de la tregua», aseguró para poner como ejemplo aquel procedimiento que ahora echa de menos y que, en toda ocasión, reprocha al presidente del Gobierno cada vez que le pide mayor claridad y lealtad.

Ante la falta de estrategia común, el PP intenta presionar al Gobierno para que no ceda ante la banda y Batasuna. En esta línea, Rajoy se mostró escandalizado e indignado por la rueda de prensa que celebró el partido ilegalizado el pasado miércoles en Pamplona para dar a conocer a sus representantes en una futura mesa de negociación política. «Exijo al Gobierno una reacción jurídica y política», dijo, y volvió a reclamar la intervención inmediata del fiscal general del Estado para investigar el acto de Batasuna, como ya había pedido el responsable de Justicia y Seguridad de su partido, Ignacio Astarloa. En este sentido, consideró «inaceptable» que un «grupo terrorista» convoque una rueda de prensa y «amenace a España». Al mismo tiempo, indicó que la obligación del Gobierno es garantizar que el Estado de Derecho siga funcionando, así como las fuerzas de seguridad y el Ministerio Fiscal.

Ante el silencio

Además de la actuación en el terreno judicial, Rajoy considera imprescindible una respuesta política del Gabinete Zapatero a los planteamientos de Arnaldo Otegi porque, a su juicio, no sólo le corresponde gobernar sino también «transmitir principios y valores, si es que los tiene».

A su juicio, los ciudadanos necesitan que el Gobierno «les diga algunas cosas» aunque, ante el silencio del Ejecutivo anunció que él mismo, como líder de la oposición, está dispuesto a asumir esta responsabilidad. En consecuencia, marcó los límites de lo aceptable para su partido en este proceso y recordó que sólo admite la verificación de la voluntad de ETA de abandonar definitivamente las armas, pero no transige en el pago del más mínimo precio político y rechaza cualquier excarcelación.

Así, afirmó que el PP apoya al Gobierno, tal y como le trasladó al presidente del Gobierno en la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el pasado 28 de marzo, para que éste verifique la decisión irreversible de ETA de dejar las armas que fue, recalcó, «lo que nosotros hicimos y para lo que pedimos autorización» en 1999.