Dentro del cúmulo de problemas que afronta la Administración Bush, el caso de la espía delatada se ha convertido en un incómodo y repetitivo recordatorio judicial sobre las tácticas de la Casa Blanca para justificar la guerra de Irak. A la vista de los indicios reunidos en el procesamiento formulado contra Lewis Libby, el fiscal especial Patrick Fitzgerald ha planteado la posibilidad de usar como testigo estrella de la acusación al vicepresidente, Richard Cheney, enfrentándole contra el que fuera su fiel jefe de gabinete hasta su forzada dimisión el pasado octubre tras ser formalmente acusado de falsos testimonios, perjurio y obstrucción a la Justicia.

El pronunciamiento del fiscal Fitzgerald, especializado en delitos de corrupción política, identifica a Cheney como un testigo lógico para el ministerio público en el juicio contra Libby previsto para enero. Sobre todo, por las anotaciones atribuidas al vicepresidente sobre una copia del ya famoso artículo publicado el 6 de julio de 2003 por el embajador Joseph Wilson criticando los argumentos de la Administración Bush para invadir Irak. Una semana después, se intentó desacreditar a este diplomático jubilado a través de filtraciones periodísticas que revelaron que su esposa, Valerie Plame, era agente secreta de la CIA.

Agravio personal

De acuerdo a testimonios reunidos con ayuda de un gran jurado, Cheney se habría molestado notablemente al leer ese alegato contra la guerra en las páginas de opinión de 'The New York Times', instruyendo a su jefe de gabinete para que saliera a la luz todos los datos relacionados con los reproches formulados por el embajador Wilson. Según las declaraciones prestadas por Libby, su jefe se consideró personalmente agraviado por Wilson. Asunto sobre el que el vicepresidente y Libby mantuvieron múltiples conversaciones.

El fiscal Fitzgerald también ha indicado su deseo de usar las anotaciones manuscritas de Cheney sobre una copia del artículo de Wilson para demostrar la molesta reacción del vicepresidente y la importancia que sus ayudantes dieron a los esfuerzos de refutar ese texto. Con todo, este documento no llegaría hasta el umbral de resultar penalmente incriminador para Cheney, por no identificar el nombre de Valerie Plame u ordenar expresamente la divulgación de su identidad secreta.