Los cabecillas del escándalo corporativo más importante de la historia de Estados Unidos, que condujo a la bancarrota al gigante energético Enron, han sido declarados culpables de los cargos de fraude y conspiración a los que se enfrentaban. Tras seis jornadas de deliberación, el jurado, formado por ocho mujeres y cuatro hombres, no se dejó convencer por la defensa de Kenneth Lay, fundador de la compañía, y Jeffrey Skilling, ex consejero delegado.

Después de tres meses de proceso judicial y declaraciones de 54 testigos, Lay, de 64 años, fue declarado culpable de los seis cargos a los que se enfrentaba, mientras que Skilling, de 52 años, era inculpado de 19 de los 28 cargos en su contra. Ambos ejecutivos podrían enfrentarse a un total de 45 y 185 años de cárcel respectivamente, aunque habrá que esperar hasta el próximo 11 de septiembre para conocer la sentencia definitiva, que finalmente podría quedar en 25 años de prisión para cada uno. En un proceso paralelo, Lay fue también declarado culpable de fraude bancario y falso testimonio.

El caso comenzó a finales de 2001 cuando Enron entró en quiebra, causó pérdidas de 60.000 millones de dólares y dejó en la calle a más de 6.500 trabajadores. Según el abogado de Skilling, Daniel Petrocelli, el veredicto «no cambia nuestra visión de lo que ocurrió en Enron». Además, reiteró la inocencia de su cliente.

Fianza y pasaporte

Por otro lado, Lay, culpable de un cargo de conspiración y cinco de fraude, era obligado por el juez del caso, Sam Lake, a entregar una fianza en efectivo de cinco millones de dólares y su pasaporte como requisitos «para poder abandonar el edificio», según declaró el afectado. El fundador de Enron estuvo acompañado en todo momento por su familia y su abogado, Bruce Collins. En ningún momento se hizo mención a la posibilidad de una detención domiciliaria para ninguno de los dos culpables, que ahora tendrán que esperar a recibir el veredicto final.

El final de este proceso pretende servir de ejemplo para el resto de la sociedad corporativa de Estados Unidos, que debe tomar el caso Enron como un escarmiento que demuestra que el Departamento de Justicia tratará a los consejeros delegados de grandes compañías «como criminales» en el momento que se registren prácticas ilegales dentro de las empresas, explicaba Paul Mcnulty, fiscal del caso.