El PNV tratará de aprovechar la sintonía que mantiene con el PSOE para intentar recuperar el asiento que perdió hace más de cuatro años en el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de la Judicatura. Las negociaciones parlamentarias para proceder a la renovación de los actuales vocales del CGPJ -cuyo mandato vence formalmente en noviembre- aún no se han iniciado, pero los peneuvistas sí tienen intención de presentar su candidatura entre las designaciones que dependen directamente de las Cortes. En el último proceso de elección, celebrado a finales de 2001, un desencuentro con el PP impidió a la formación jeltzale situar a su diputada Margarita Uria en el plenario de la institución judicial.

Según apuntan las fuentes consultadas, el PNV quiere recuperar el puesto que había ocupado hasta entonces Emilio Olabarria y confía en que, a diferencia de lo ocurrido bajo el mandato de los populares, ahora prime la voluntad política de incluirles en el órgano estatal. Los peneuvistas se han empleado en lo que va de legislatura en restablecer puentes con el Gobierno de Madrid, casi totalmente destruidos en la segunda etapa de José María Aznar al frente del Ejecutivo; una disposición que se ha visto favorecida por la apuesta del presidente Zapatero por el diálogo y la cooperación con las fuerzas nacionalistas presentes en las Cortes, donde el PSOE carece de mayoría absoluta. La primera escenificación de calado de ese nuevo entendimiento fue el apoyo mutuo de los jeltzales y los socialistas a los Presupuestos del Estado y de Euskadi, una colaboración que se ha visto corroborada en la apertura de un posible proceso de paz tras el alto el fuego de ETA.

En ese contexto, los jeltzales creen «factible» retornar al Consejo del Poder Judicial, después del intento fallido de conservar su puesto en 2001. En aquella época ya no quedaba rastro de la 'luna de miel' que protagonizaron el Gabinete Aznar y los peneuvistas hasta la firma del Pacto de Lizarra y la declaración y posterior ruptura de la tregua de ETA. Los populares bloquearon la elección de Margarita Uria por su «perfil político» y los jeltzales se negaron a cambiar de candidata. El pacto final PP-PSOE acabó dejando fuera del Poder Judicial a los jeltzales, cuyo presidente entonces, Xabier Arzalluz, llegó a sugerir la salida de su grupo de las Cortes ante lo que interpretó como «la constatación de una importante crisis» con el Estado.

Mayorías cualificadas

Ese episodio dio inicio luego a una serie de profundos desacuerdos entre el PNV y el Consejo, controlado por una exigua mayoría de vocales de orientación conservadora frente a la denominada minoría progresista; en ella se incluyen, además de los representantes avalados por el PSOE, uno propuesto por Izquierda Unida (Félix Pantoja) y otro por CiU (Alfons López Tena). El proceso de renovación recién iniciado se prevé de nuevo largo y complejo, porque la designación de los vocales exigen mayorías cualificadas que obligan a negociar a socialistas y populares.

La actual Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las Cortes nombran a 12 de los 20 miembros del Consejo a partir de una lista máxima de 36 aspirantes defendidos por las asociaciones judiciales. Los 8 restantes, que deben ser abogados o juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, responden directamente a las preferencias de los grupos parlamentarios. Pero en ambos casos, la mayoría requerida tanto en el Congreso como en el Senado es de tres quintos, una primacía de 210 escaños que no alcanza el PSOE sumando el respaldo de las fuerzas minoritarias, incluido el PNV. La decisión sobre el candidato al Poder Judicial compete al EBB.