«La República no es la dictadura del rumor ni la dictadura de la calumnia». Con este lema, pronunciado con solemnidad en el palacio del Elíseo, Jacques Chirac salió ayer al paso del escándalo provocado por el 'caso Clearstream', cuyas revelaciones en cadena resquebrajan la cúspide de un régimen en plena descomposición. El presidente francés, que reiteró su confianza al primer ministro, Dominique de Villepin, sin lograr atajar los rumores sobre un próximo relevo, condenó «la falta de respeto y la explotación hasta el ultraje de los procedimientos judiciales en curso», horas después de verse acusado de poseer una cuenta secreta en Japón.

Chirac se vio obligado a romper el silencio y saltar a la palestra ante el clima pestilente de rumores nauseabundos que ya se infiltra hasta por las ventanas del Elíseo. Por primera vez desde el estallido del escándalo que amenaza con abreviar el crepúsculo de su mandato, se expresó en público y en persona sobre el caso, aunque sin llegar a mencionarlo directamente. En otro síntoma de la excepcionalidad de la situación, habló al término del Consejo de Ministros, una intervención totalmente inhabitual, ya que suele estar reservada al portavoz del Gobierno.

Tras observar que el descrédito de los políticos fomenta el auge de los extremismos, Chirac pidió que la Justicia actúe con serenidad para establecer con prontitud la verdad. «Por supuesto, hay la perspectiva de las elecciones que agita los ánimos. Pero la elección presidencial es dentro de un año», puntualizó en una confirmación implícita de que no será adelantada la cita con las urnas, como ya reclaman sectores de la oposición socialista y ecologista.

Ambiciones

El presidente tampoco escatimó una alusión a las ambiciones presidenciales de Nicolas Sarkozy, líder del partido gobernante y 'número dos' del Gobierno. «Por ahora hay la exigencia y el honor de gobernar», dijo antes de respaldar a Villepin «para conducir la misión que le he confiado». «Cada uno debe ejercer su tarea con energía, sin cálculo y con la única obsesión válida del interés nacional de los franceses», concluyó el discurso, difundido a mediodía.

Esa misma mañana 'Le Canard Enchaîné' había aparecido en los quioscos con la bomba periodística de la existencia desde 1992 de una cuenta a nombre del presidente en el Tokyo Sowa Bank con 45,7 millones de euros. El semanario satírico, buceador avezado de las aguas turbias, recuerda la amistad de Chirac con el banquero Shoichi Osada, al que condecoró con la Legión de Honor en 1994, en el apogeo de su gloria. Tras la bancarrota de la entidad en 1999 al estallar en Tokio la burbuja inmobiliaria, el octogenario amigo nipón fue condenado a tres años de prisión, con dispensa de cumplimiento por su avanzada edad, por falsificación de la contabilidad.

'Le Canard', pato encadenado a la verdad, cuenta que los servicios secretos investigaron los rumores que atribuían a Chirac en Japón una cuenta y un hijo no menos secreto, que explicarían sus frecuentes desplazamientos al país del sol naciente. La conclusión sobre el dinero oculto fue brindada por el general Philippe Rondot, espía recién jubilado y enemistado con el Elíseo, a los jueces que lo interrogaron el pasado 28 de marzo por sus conocimientos del 'caso Clearstream'.

En el registro domiciliario, los magistrados se incautaron de un informe del contraespionaje que evalúa en 300 millones de francos franceses los fondos de la cuenta. En su día, un semanario japonés 'Shukan Post' había cifrado en 321 millones de francos (49 millones de euros) el dinero existente en 'El banco de Chirac', título del reportaje publicado en 1996.

Desmentido

Al inmediato desmentido categórico del Elíseo, se sumó ayer la denuncia por el abogado de Rondot de un uso «sesgado» de su confesión judicial. «No hemos publicado una frase extraída de su contexto sino todo un párrafo de cinco frases en las que el general Rondot utiliza el presente de indicativo», replicó Nicolas Beau, autor del artículo del 'Canard'.

«En función de mis contactos (con los servicios secretos), puedo afirmar que, sí, la cuenta existe», añadió el periodista quien opinó que el monto le parece creíble «aunque no tengo ningún documento». A su juicio, la clave para salir de dudas es que el Gobierno desclasifique los documentos intervenidos por los jueces en los diferentes registros practicados en los archivos de los servicios secretos y del Ministerio de Defensa, despacho de su titular incluido.