El impacto emocional que ha provocado en la opinión pública la muerte, presuntamente deseada y provocada, de un enfermo pentapléjico en Valladolid, ha vuelto a colocar en primer plano la voz de algunos sectores de la sociedad española que reclaman una regulación inmediata de la llamada eutanasia activa. Pero la legislación de un aspecto tan delicado no puede hacerse de una manera atropellada, sin antes abrir un amplio debate social que proyecte un diagnóstico real sobre la auténtica dimensión del problema y los obstáculos legales y éticos que en ningún caso se pueden soslayar.

Este es uno de los asuntos en los que los poderes del Estado -Ejecutivo y Legislativo- deben proceder con máxima precaución al tratarse no sólo de un tema que afecta al derecho a la vida o, desde otra perspectiva, a algo tan discutible como el derecho a elegir no seguir viviendo en determinadas y dramáticas circunstancias. No se puede ignorar que en casos excepcionales la enfermedad conduce a las personas a una atrofia de funciones vitales que las condena -y esa es la palabra exacta- a un doloroso e inhumano camino hacia la muerte. Los médicos y otros profesionales sanitarios, que son, en definitiva, sobre quienes recae casi exclusivamente la responsabilidad ante estas situaciones límite, no pueden obrar del mismo modo ante casos específicos para tratamiento de cuidados paliativos que ante otros como el del vallisoletano Jorge León o el gallego Ramón Sampedro. La eutanasia, con todo, no debe abordarse como un remedio para un problema. Con anterioridad es preciso agotar todas las vías de ayuda, sociales, médicas y sicológicas, a los posibles pacientes antes de plantearse algún tipo de regulación de la ayuda a bien morir.

Aunque socialmente no existe urgencia por autorizar la eutanasia, es decir, para modificar el artículo 143 del Código Penal que penaliza la cooperación al suicidio, sí existe una inquietud, que aflora periódicamente en la opinión pública. Y cabe pensar que puede haber llegado el momento de cumplir con lo previsto en el programa electoral del PSOE y constituir en el Congreso una comisión de estudio y debate sobre la cuestión.