A través de la iniciativa, el Parlamento Vasco ratifica un acuerdo aprobado en noviembre del pasado año, contrario al citado "macrojuicio", al tiempo que instó a las instituciones del Estado a que "superen todo obstáculo que impida la resolución del conflicto mediante la negociación y el diálogo entre Euskadi y España". En este sentido, emplazó al Gobierno socialista a pedir al Fiscal General del Estado que retire la acusación pública del proceso que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional.

La parlamentaria del grupo proponente, Aintzane Ezenarro (Aralar) considera que, tras el anuncio del alto el fuego de ETA, este juicio "tiene menos sentido que nunca" y agregó que "el Gobierno socialista puede hacer más de lo que está haciendo" para que el proceso de paz se consolide.

Desde el PSE-EE, José Antonio Pastor dejó clara la posición de su partido, al advertir de que "el Estado de Derecho no está de vacaciones", así como de que "no va a haber intercambio de paz por democracia". Tras considerar que la paz conlleva una "reafirmación y un reforzamiento de las leyes", Pastor dejó claro que "no avanzaremos hacia la paz ni con la derogación de la ley de partidos, ni entorpeciendo la acción de la Justicia o inmiscuyéndonos en sus trabajos", y apuntó que la ilegalización de Batasuna "se resolverá" cuando ésta se comprometa a respetar la ley.

"Que nadie nos pida hacer la vista gorda para que la Justicia no aclare hechos gravísimos o para que no se aplique la ley. Cosa distinta es que las leyes y las acciones de la Justicia se apliquen con el margen de flexibilidad que el propio marco legal permite y que los socialistas desearíamos, de acuerdo con las nuevas circunstancias", indicó.

"Trocear" el juicio

Por su parte, José Antonio Rubalkaba (PNV) pidió "al PSOE que, "así como se exige a ETA pruebas de que la tregua es definitiva", desde el Gobierno se pida a la Fiscalía General que "trocee" el proceso judicial, de modo que se siga adelante sólo con algunos de los casos de manera individual, alegando que "una Justicia que lleva ocho años con un proceso es una injusticia".

El popular Leopoldo Barreda reprochó a los firmantes de la enmienda que planteen "exigencias al Estado de Derecho y ninguna a ETA-Batasuna" y se mostró contrario al contenido de la propuesta porque, entre otras razones, "no contribuye en nada a acabar con ETA".

Nekane Erauskin (EHAK) reclamó que "se suspenda" el juicio, que calificó de "inhumano", porque "estamos en un momento en vías de solución del conflicto".

En la misma línea, Unai Ziarreta (EA) consideró que el juicio es "el instrumento político a través del que el Estado trata de castigar y silenciar a quienes considera enemigos del orden constitucional", y pidió al Gobierno que plantee, entre otras medidas, la "suspensión" de la Audiencia Nacional.

Por último, Oskar Matute (EB) subrayó las "motivaciones políticas" del proceso judicial y opinó que "si se quiere, se puede parar".