El Gobierno y Bruselas entraron ayer en un contencioso de muy largo alcance por los nuevas competencias otorgadas a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para analizar e incluso vetar la OPA lanzada por el gigante alemán E.on sobre Endesa. Como había advertido, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por el decreto-ley que establece esos poderes «amplios y discrecionales», que a su juicio «no están justificados» y dan, «más o menos, carta blanca» al regulador. El Ejecutivo comunitario considera que la normativa -aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero, apenas unos días después de que la compañía germana presentara su oferta- vulnera el principio de libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento en la UE. El proceso puede prolongarse durante años y acabar en el Tribunal de Luxemburgo si las partes en litigio no alcanzan un acuerdo.

La Comisión entiende que los cambios introducidos en las competencias atribuidas a la CNE constituyen una violación de las leyes del mercado interior. Tras la reforma aprobada por el Gobierno, la compra de una participación superior al 10% del capital en empresas que desempeñan un actividad regulada están supeditadas a la autorización previa del supervisor español.

La contraOPA lanzada por E.on sobre Endesa, por la que también puja la catalana Gas Natural, entra dentro de este supuesto, con lo que debe obtener el visto bueno del regulador nacional. Si no llega a ser por las modificaciones de última hora, la operación sería competencia exclusiva de las autoridades europeas. Bruselas considera que la ampliación de poderes de la CNE es una maniobra para frenar a E.on y sostiene que vulnera los artículos 56 y 43 del Tratado de la UE sobre libre circulación de capitales y derecho de establecimiento.

En consecuencia, Bruselas ha reclamado formalmente de las autoridades españolas explicaciones sobre el polémico decreto-ley bajo la forma de una carta de emplazamiento, a la que Madrid deberá dar respuesta en dos meses para aclarar las dudas que tiene el Ejecutivo comunitario. El plazo expira, por tanto, en torno al 3 de julio, según concretó ayer el portavoz europeo de Mercado Interior, Oliver Drewes.

Se trata del primer paso del procedimiento de infracción. Se verá seguido de un dictamen motivado en el caso de que las explicaciones que ofrezca el Gobierno no satisfagan a las autoridades comunitarias.

Rectificación

El dictamen motivado se emite cuando la Comisión ve confirmadas sus tesis sobre la situación de infracción de un Estado miembro, y lleva emparejada la exigencia de corrección de la situación contestada. Si, aún así, ese socio de la UE no se aviene a modificar las decisiones en cuestión, el asunto pasa al Tribunal de Justicia de la UE.

El Ejecutivo comunitario considera que los motivos en función de los cuales la CNE puede autorizar o vetar una operación «tienen un carácter vago e indeterminado, y dejan un amplio poder discrecional a las autoridades, que no está justificado». Bruselas «quiere que España modifique esa normativa» y está dispuesta a llegar hasta la Corte de Justicia de Luxemburgo para conseguirlo, señaló el portavoz del comisario Charlie McCreevy (Mercado Interior), que ha sido el impulsor de la iniciativa.

El Gobierno español tampoco descarta llegar a esos extremos, aunque no lo desee, como reconocía recientemente el secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro.

La eventual disputa ante el Tribunal de la UE, sobre las bases jurídicas invocadas por la Comisión para promover el contencioso, revestiría una gran complejidad. España argumentaría las diferencias existentes entre los socios comunitarios sobre apertura de mercados energéticos, entre otras razones, para justificar las prevenciones adoptadas con la reforma de las funciones de la CNE.

La incertidumbre radica en la interpretación que los jueces darían al momento jurídico español preciso en relación con las disposiciones sobre liberalización de la energía. Lo que parece poco probable es que la Corte se libre a un enjuiciamiento general sobre el estado del mercado en toda la Europa comunitaria.

Todo ello, claro está, si no se alcanza un arreglo antes satisfactorio para las partes implicadas, es decir, Endesa, E.on y Gas Natural, que salve la cara a quien más pierda con él