La celebración, ayer, del Día Internacional de la Salud y Seguridad Laboral sirvió, como cada edición, para hacer recuento de cifras y constatar la gravedad de un problema enquistado y poco proclive a solucionarse. Cada año mueren en el mundo dos millones de personas en accidentes de trabajo. En España, la media es de cinco trabajadores fallecidos al día. En los últimos doce meses han muerto en el País Vasco 53 personas en accidentes laborales y, aunque en el primer trimestre las víctimas mortales han remitido comparativamente, quince familias han sufrido pérdidas irreparables. Y el número de bajas no ha hecho sino aumentar. La Consejería de Justicia, Empleo y Seguridad Social dio a conocer hace unas semanas los datos de dos campañas de inspección realizadas durante noviembre y diciembre del pasado año, con unos resultados preocupantes: en el sector de la construcción, un 8% de las obras revisadas fueron paralizadas y un 29% -incluidas las anteriores- presentaban irregularidades importantes; en la industria, la mitad de las empresas supervisadas no habían adaptado sus equipos de trabajo a las exigencias de la Ley de prevención de riesgos laborales de 1997, pese a que los plazos acabaron en 2002. Las cifras hablan por sí solas, pero resultan todavía más elocuentes si se cotejan con las europeas: casi doblamos a la Europa de los Quince en los parámetros negativos (número de accidentados por trabajador) y a duras penas llegamos a su mitad en los positivos (inversiones en prevención).

Los accidentes laborales no son una fatalidad. Constituyen, por el contrario, una lacra, en gran medida, evitable. Detrás de ellos se encuentran siempre causas que van desde una actitud empresarial poco exigente con el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, hasta una posible negligencia institucional, pasando por el escaso compromiso sindical y la falta de concienciación y el descuido de los propios trabajadores, por no mencionar otras más coyunturales como el abuso de la precariedad contractual y de la subcontratación. Todas ellas son causas contra las que se puede luchar. Las herramientas que han de aplicarse son conocidas: prevención, inspección y sanción. Para emplearlas eficazmente se precisa de una voluntad comprometida de instituciones públicas, empresarios y trabajadores, capaz de elevar este grave problema a una auténtica prioridad. Debería servir de estímulo, no tanto la motivación de abandonar cuanto antes esta situación de vergonzoso subdesarrollo, sino más bien la convicción de que las medidas de prevención son siempre las más rentables. Con ser importantes las razones económicas -en torno a un 2% del Producto Interior Bruto desaparece, año tras año, por el sumidero de los costes asociados a los accidentes en el trabajo- el alto precio abonado en vidas y salud convierte la lucha contra la siniestralidad laboral en una urgencia social ante lo que es, sin duda, un tributo impagable.