El lehendakari renunciará a liderar en exclusiva el 'Plan de paz y convivencia' que ayer anticipó formalmente su Gobierno y lo depositará en el Parlamento para su cotejo con los grupos políticos, en lo que se presume como un intento de buscar el consenso y tratar de corregir la desconfianza con la que la iniciativa ha sido recibida por la oposición no nacionalista. El proyecto, que Juan José Ibarretxe se comprometió a elaborar en su discurso de investidura del pasado 22 de junio, se ha visto ligeramente alterado por el alto el fuego permanente de ETA y pretende propulsar un ambicioso paquete de medidas -algunas pendientes de ejecutar por las instituciones desde hace varios años- en un terreno amplio y delicado: el que tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas del terrorismo, pero también con los derechos de los presos, la prevención de la tortura y la recuperación de la memoria de los represaliados por el franquismo.

Aunque Ibarretxe prometió presentar el plan en un plazo de medio año, esas previsiones han acabado demorándose; el último retraso estuvo motivado por el anuncio de la dirección etarra, del que el documento constata que ha abierto «una oportunidad para la paz» y que llevó ayer al lehendakari a asegurar que ésta es «la aportación» de su Ejecutivo al «nuevo escenario» inaugurado por el alto el fuego. El presidente vasco adelantó el contenido de su propuesta en una comparecencia solemne en el palacio de Ajuria Enea del consejo político configurado dentro del Gabinete y que integran, además de él mismo, los líderes de EA y EB en el tripartito, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo. El proyecto será aprobado oficialmente, no obstante, en el Consejo de Gobierno del próximo martes y será remitido después a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, bajo la calificación de iniciativa del Ejecutivo.

La fórmula que acabe adoptando el plan y el control de su ejecución quedarán a partir de entonces en manos del Legislativo, ante el que el Gobierno se compromete a rendir cuentas año a año de las medidas aplicadas. Ibarretxe no explicitó sus intenciones en su discurso de investidura, en el que sí subrayó que uno de los objetivos del consejo político iba a ser «elaborar, aprobar, dinamizar y liderar» un «plan integral en favor de la paz y de la reconciliación». Aunque el proyecto aspira en su frontispicio a sentar los cimientos de «una sociedad reconciliada, construida sobre la memoria de las víctimas, la justicia y el respeto a los derechos humanos», el lehendakari aceptó excluir del título el término 'reconciliación' por las reticencias que provoca en los afectados por el terrorismo, que creen apresurado referirse a ella cuando aún no está asentada la paz.

El Observatorio

El lehendakari tampoco mantendrá su plan guarecido en el Gobierno y al margen del Parlamento, una eventualidad que provocaba fuertes reticencias en la oposición. Ibarretxe insistió ayer en que su intención es «sumar y no restar», buscando «las aportaciones» de los grupos. En la práctica, eso significa que, en función de cómo de establezca su debate, el documento podría ser modificado en sede parlamentaria, donde el tripartito carece de mayoría y está obligado a pactar para sacar adelante sus planteamientos. El plan recupera una aspiración largamente acariciada por Ibarretxe -crear un Observatorio de Derechos Humanos-, lo que implica que el Gobierno ha renunciado también a sacarla del Legislativo para soslayar la falta de consenso que la han imposibilitado hasta la fecha.

El documento, adelantado por este periódico, se refiere con una inusitada contundencia a la necesidad de resarcir a las víctimas de ETA, a las que concede un «papel esencial» en el proceso de paz y a las que pide «perdón» por «los errores que todos hemos cometido», hasta llegar a «la desafección» social hacia ellas. El Gobierno, que agradeció ayer el trabajo -complejo y dificultoso- de todos los departamentos implicados, se compromete expresamente a «saldar la deuda histórica» con los damnificados e impulsar un amplio conjunto de medidas, buena parte de las cuales fueron aprobadas ya por el Parlamento en 2003 y ratificadas en 2005; entre ellas, la Ley de Solidaridad.

El proyecto, que apuesta por la promoción de la educación para la paz, detalla también iniciativas concretas de reconocimiento a los represaliados por la dictadura y aboga por una defensa activa de los derechos y las libertades civiles. Aquí, el Ejecutivo pide al Gobierno de Madrid un plan de acercamiento de presos de ETA e insta a dar pasos para modificar la Ley de Partidos. Al finalizar, Ibarretxe resumió lo que significa para él la paz con el dibujo de una niña.

l.perez@diario-elcorreo.com