El Gobierno garantizó ayer que el estatus jurídico y político de Navarra no formará parte de las conversaciones del proceso de paz mientras que Batasuna insistió en que el futuro de la comunidad foral es crucial para resolver «el conflicto». El Ejecutivo se negó además a polemizar con el presidente de esa comunidad, Miguel Sanz, sobre la presunta orden de ETA a un grupo de kale borroka para que perpetrara el ataque de Barañain el pasado sábado. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se puso en contacto con el gobernante autonómico este pasado martes y le reclamó los informes policiales que tenga que acrediten esa relación.

«El futuro de Navarra no está en el debate del proceso de paz». El secretario de Comunicación, Fernando Moraleda, fue así de claro al explicar la postura del Gobierno ante la polémica suscitada por Sanz y el PP. El portavoz señaló que el Ejecutivo «sólo piensa en Navarra en los términos que deseamos todos los demócratas» y anunció que José Luis Rodríguez Zapatero «no descarta» recibir al presidente de esa comunidad para aclarar el entuerto.

Quejas

Hasta ahí llegó el Gobierno central en su respuesta a las quejas de Sanz sobre presuntos acuerdos secretos con ETA para modificar el estatus de Navarra. Moraleda se negó a ir más allá y tampoco contestó a las manifestaciones del dirigente de Batasuna Patxi Urrutia, quien manifestó que «no existe ninguna posibilidad de solucionar el conflicto sin Navarra».

Urrutia, miembro de la mesa nacional de la formación ilegalizada, dijo ayer en una rueda de prensa celebrada en Pamplona que «ningún camino, ninguna solución, es posible sin entender» que «Nafarroa es la columna vertebral de Euskal Herria», porque, precisó, sin esta comunidad, «Euskal Herria no se sostiene en el mapa».

Para el Gobierno socialista, sin embargo, el asunto está zanjado y lamentó que se haya abierto una polémica artificial sobre un tema que nunca ha estado en la mente de José Luis Rodríguez Zapatero.

La portavoz de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, quien cerró la ronda de conversaciones del presidente del Gobierno con los representantes de los grupos parlamentarios también fue rotunda. «Jamás aceptaremos -advirtió- que el estatus político de los navarros se modifique por encima de la voluntad de los navarros».

Barkos señaló que «nadie» se plantea «violentar» el deseo de los habitantes de la comunidad foral y sugirió que cabe la posibilidad de que alguien «utilice a Navarra para entorpecer el camino hacia la paz».

Miguel Sanz, a su vez, señaló que sus denuncias sobre acuerdos secretos respecto a su comunidad se basan en lo que «han dicho muchos periódicos, informaciones y declaraciones de personas implicadas en el llamado proceso de paz, de Batasuna y del PSE».

Dudas

El presidente navarro indicó, en declaraciones efectuadas a la 'Cadena Ser', que sería suficiente para disipar cualquier duda con que el Gobierno dijera que no pretende impulsar «una institución común» que englobe a Euskadi y Navarra a partir de 2007.

Fue más explícito sobre la presunta relación entre ETA y los autores del incendio de la ferretería del concejal de UPN en la localidad de Barañain, José Antonio Mendive. El dirigente regionalista insistió en que tiene informaciones procedentes del «cruce entre cuerpos policiales», entre ellos la Policía foral que depende de su Gobierno, que así lo acreditan, y emplazó a quienes sostienen que no hay vínculos de ETA con el ataque a que «digan quien ha sido».

Sanz restó importancia a que se trate de un grupo de «incontrolados», hipótesis que manejan las fuerzas de seguridad, porque si la agresión «forma parte de la estrategia de ETA», es obligación de la organización terrorista «controlarlos».

El ministro del Interior se puso en contacto con el presidente de Navarra el martes y le reclamó los informes que avalan la hipótesis de que la banda terrorista ordenara el incendio. Alfredo Pérez Rubalcaba apeló a la necesaria colaboración institucional para que Miguel Sanz entregara la documentación en su poder, pero hasta ayer por la tarde no se había recibido ningún papel en el Ministerio procedente del Gobierno foral.