El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, recibió ayer en el Senado el apoyo del PP al incremento del número de soldados españoles en Afganistán, pero también desde el partido de Mariano Rajoy se le ha reclamado al Gobierno transparencia y coherencia en este asunto. Y no cabe duda de que la nueva etapa en la que va a entrar la misión requerirá de todo el consenso político y social posible. El secretario general de la OTAN ha pronosticado que se producirán más bajas a medida que la Alianza se extienda a finales de julio hacia el sur del país, una zona peligrosa.

España cuenta ahora con más de 500 soldados, la mayoría en la provincia occidental de Herat, y el aumento solicitado por el Estado Mayor de la Defensa podría suponer 150 efectivos más. La Fuerza de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF) intentará con este despliegue lograr el control sobre todo el territorio afgano. Con la expansión al sur entrarán en vigor nuevas normas de enfrentamiento más contundentes. Cuando esta fase se inicie, la ISAF pasará de una 'defensa pasiva' a otra 'activa', que puede incluir el uso de artillería y protección aérea e incluso la entrada en acción de la infantería en casos de rescate.

En Afganistán la violencia se ha recrudecido también en zonas más tranquilas como el oeste, donde se concentra la mayor parte del contingente español. Por ello, el Ejecutivo debe mantener informada a la opinión pública de las nuevas circunstancias. Los ciudadanos conocen que los militares están allí en una operación de reconstrucción auspiciada por la comunidad internacional. Y ahora necesitan saber que el Gobierno asume el reto que se va a afrontar y que, por lo tanto, se activarán las medidas y protocolos necesarios para que la integridad de los soldados no se vea comprometida por una forzada percepción de la realidad afgana.